El Ejecutivo nacional dio a conocer que avanzará con una reforma migratoria que se oficializará en los próximos días a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La normativa contempla restricciones más severas para el otorgamiento de residencia a ciudadanos extranjeros, habilita la expulsión por delitos menores y permite el cobro de servicios de salud y educación superior a quienes no tengan residencia permanente.
El anuncio fue realizado este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada. Estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el funcionario del área de Seguridad, Carlos Manfroni. La Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal, fue la encargada de redactar el decreto.
Entre los puntos clave se establece que no podrán ingresar al país personas con antecedentes penales, y quienes cometan delitos dentro del territorio nacional podrán ser expulsados sin importar la gravedad de la infracción. Incluso las condenas inferiores a cinco años serán motivo suficiente para rechazar el ingreso o disponer la deportación.
Además, se dispondrá que los ciudadanos extranjeros con residencia temporaria, transitoria o situación migratoria irregular deberán abonar por los servicios de salud pública que utilicen y deberán contar con un seguro médico al ingresar. El Ejecutivo justificó esta medida en la necesidad de disminuir el gasto público, estimado en unos 114 mil millones de pesos anuales por atención sanitaria a extranjeros.
En el ámbito educativo, se autoriza a las universidades nacionales a cobrar matrícula a estudiantes con residencia no permanente, aunque esto no afectará los niveles inicial, primario ni secundario.
Esta reforma había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su discurso inaugural del período legislativo, el 1° de marzo. En esa oportunidad, sostuvo que el país requiere una política migratoria más exigente y que no puede continuar sosteniendo beneficios con fondos públicos para personas extranjeras sin arraigo.
Lisandro Catalán defendió la iniciativa a través de redes sociales, señalando que más de un millón de personas habrían ingresado en situación irregular durante las últimas dos décadas. En ese marco, calificó a la política migratoria actual como desordenada y poco eficaz.
Datos penitenciarios
Según estadísticas oficiales del Servicio Penitenciario al 31 de diciembre de 2023, en Argentina había 111.967 personas privadas de la libertad, de las cuales 6644 (alrededor del 6%) eran extranjeras. La mayoría provenía de países vecinos como Paraguay, Bolivia y Perú.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal indicó que 1884 ciudadanos extranjeros se encuentran actualmente detenidos en el sistema penitenciario federal. El 69% de ellos también es oriundo de esos países limítrofes. En la provincia de Buenos Aires, los extranjeros representan el 45% de los presos en cárceles provinciales (3050 personas).
Antecedentes
Una medida similar fue adoptada en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, también impulsada por Bullrich. Aquel DNU fue posteriormente derogado en 2021 por la administración de Alberto Fernández, luego de que varios fallos judiciales lo consideraran inconstitucional por vulnerar derechos humanos y garantías procesales básicas, especialmente en los casos de expulsión.
Entre las críticas a la normativa anterior se incluía la concentración de facultades en Migraciones para la reunificación familiar y la reducción del plazo de apelación a órdenes de expulsión a apenas tres días. También se cuestionaba la vinculación directa entre migración y criminalidad, sin evidencia que lo justificara.
Este nuevo decreto podría enfrentar objeciones similares por parte de organismos judiciales y defensores de derechos humanos, sobre todo por pretender modificar aspectos sensibles de la Ley de Migraciones sin intervención del Congreso.
