Con el tiempo corriendo en su contra, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra afinando los últimos decretos y resoluciones que podrá impulsar gracias a las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases. Estas herramientas excepcionales vencerán el próximo 8 de julio, y el Gobierno ya anticipó que no buscará su renovación.
Desde que fue convocado por el presidente Javier Milei tras la aprobación de la Ley Bases, Sturzenegger ha liderado una ofensiva para reducir la burocracia estatal y simplificar estructuras administrativas. En su oficina, incluso, lleva un contador con los días que le quedan para tomar decisiones sin necesidad de pasar por el Congreso.
“Apuntamos a eliminar duplicaciones, reducir el gasto innecesario y poner fin a años de despilfarro y expansión injustificada del Estado”, señaló recientemente el ministro en su cuenta oficial de X, dejando en claro el espíritu de su gestión.
Una de las iniciativas centrales de este último tramo de trabajo es la creación de una agencia que absorberá funciones actualmente repartidas entre varios entes del sistema de transporte terrestre. La propuesta incluye la fusión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el área automotor de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
La JST, hasta ahora, se encarga de investigar accidentes en todos los medios de transporte —aéreos, marítimos, ferroviarios y terrestres—, y de emitir recomendaciones para evitar su repetición. Esta reorganización buscaría concentrar funciones similares y reducir estructuras administrativas redundantes.
También están en revisión otros organismos vinculados al transporte aéreo, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Aunque su posible fusión se analiza desde hace tiempo, aún no hay una definición concreta, debido a que en la Secretaría de Transporte se argumenta que cumplen funciones muy distintas.
En las últimas horas, además, el Gobierno oficializó la renuncia de María Julia Cordero como interventora de ANAC. Su reemplazante es Oscar Alfredo Villabona, hasta ahora titular de la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea y figura cercana al subsecretario Hernán Adrián Gómez. Esta designación marca el inicio de una nueva etapa dentro del organismo.
En el área de Salud, voceros cercanos al ministro Mario Lugones desmintieron versiones sobre una posible disolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En cambio, sí se confirmó que el Instituto Nacional del Cáncer será absorbido por el Ministerio de Salud para optimizar la gestión y centralizar recursos.
“Ya habíamos anticipado esta medida. Aunque todavía no está formalizada por decreto, muchos de sus programas ya funcionan bajo la órbita del Ministerio”, detallaron fuentes oficiales.
Una lógica similar se aplicará en el rediseño del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo clave en el control de calidad alimentaria, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. En este proceso también se incluiría al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que actualmente promueve el desarrollo sostenible del sector agropecuario e industrial.
La mayoría de estos organismos en revisión son autárquicos, es decir, cuentan con estructura y presupuesto propios. Al integrarse al Estado central como agencias o subsecretarías, dejarían de tener financiamiento específico y se eliminarían áreas administrativas duplicadas como recursos humanos, legales y prensa.
Según explican desde el Ejecutivo, muchas de estas dependencias cumplen funciones similares dentro del mismo ministerio, por lo que su fusión permitiría reducir costos y mejorar la eficiencia operativa del Estado nacional.
