Este miércoles al mediodía, la Cámara de Diputados será escenario de una sesión especial convocada por bloques de la oposición, tanto dialoguistas como más críticos, para debatir una serie de proyectos con fuerte impacto social y fiscal. Desde el Poder Ejecutivo ya anticiparon que, en caso de ser aprobadas, estas iniciativas serán vetadas por el presidente Javier Milei, en defensa del equilibrio de las cuentas públicas.
Moratoria previsional y prestación proporcional
Entre los temas principales se encuentra la restitución de la moratoria previsional por dos años. Esta medida, que no fue prorrogada por el Gobierno en marzo, permitía a las personas sin 30 años de aportes completar los períodos faltantes y acceder a la jubilación mínima. Además, se debatirán propuestas para crear una Prestación Proporcional que reconozca los años aportados, incluso si no se alcanza el mínimo requerido.
El proyecto de Prestación Proporcional cuenta con dictámenes de varios espacios: Encuentro Federal, la UCR, la Coalición Cívica y un sector del PRO. Algunos sectores del peronismo no descartan acompañar esta iniciativa si se introducen ajustes al cálculo del haber mínimo.
Aumento en jubilaciones y bono
También hay consenso entre bloques opositores para avanzar con un aumento del 7,2% en las jubilaciones, además de la suba del bono que permanece congelado en $70.000 desde marzo del año pasado. La diferencia principal radica en el monto del bono: mientras el peronismo propone llevarlo a $115.000 (con actualización por inflación), Encuentro Federal propone elevarlo a $105.000.
Costos fiscales estimados
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la prórroga de la moratoria tendría un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI en dos años. En cuanto al bono, un aumento a $105.000 implicaría un costo anualizado de 0,23% del PBI, y si se eleva a $115.000, el impacto sería del 0,30%.
Por su parte, cálculos del Ministerio de Economía estiman que la combinación del aumento del 7,2% con la suba del bono implicaría un costo total de hasta 1,3% del PBI.
Emergencia en discapacidad
Otro punto destacado de la sesión será el proyecto que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El dictamen contempla una recomposición de aranceles para prestaciones, una fórmula de actualización automática por inflación, y modificaciones en el acceso al beneficio. También incluye la actualización de nomencladores y un refuerzo del presupuesto de pensiones no contributivas.
Se estima que el impacto fiscal de esta iniciativa rondaría entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo del aumento en la cantidad de beneficiarios, que podría pasar de 493.000 a 946.000 personas. Además, se prevé una compensación para prestadores cercana a los $278.000 millones y una asignación de $7.160 millones para talleres de producción.
Internas políticas y acuerdos fallidos
La sesión anterior fracasó por falta de quórum, en parte por un temario demasiado amplio y sin consensos suficientes. En esta oportunidad, los bloques promotores decidieron dejar fuera la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), buscando así garantizar la presencia de al menos 129 diputados.
La propuesta previa incluía designar a Juan Forlón (La Cámpora) y a Emilio Monzó, con un tercer lugar disputado por representantes del PRO, LLA y la UCR. Este acuerdo generó malestar entre sectores del peronismo y del bloque que responde al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quienes no participaron de la última convocatoria.
Asimismo, se espera esta vez la asistencia de los diputados santiagueños que responden a Gerardo Zamora, ausentes en la sesión anterior por un retraso en su vuelo que algunos interpretaron como una muestra de disconformidad.
