Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deje de cumplir su condena en su domicilio del barrio porteño de Monserrat y sea trasladada a una unidad carcelaria. En una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, los fiscales argumentaron que no existen motivos jurídicos válidos para mantener la prisión domiciliaria y que la regla general en el Código Penal y la Ley de Ejecución de la Pena establece que las condenas deben cumplirse en establecimientos penitenciarios.
Además, propusieron que, en caso de mantenerse la detención domiciliaria, esta se lleve a cabo en otro lugar que no sea el departamento de la calle San José 1.111. Según explicaron, desde que la ex mandataria se encuentra allí, se han generado trastornos para los vecinos, con protestas, alteraciones del tránsito y complicaciones en servicios públicos, además de consideraciones sobre su propia seguridad, especialmente tras el intento de asesinato que sufrió en 2022.
El Tribunal Oral Federal N° 2 había otorgado la prisión domiciliaria por razones humanitarias, citando su edad (72 años), su rol institucional como ex jefa de Estado y los riesgos que implicaría su alojamiento en una cárcel común, que requeriría un régimen de aislamiento incompatible con los estándares actuales de detención.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que estos argumentos no justifican un trato diferencial y remarcaron que los demás ocho condenados en la causa “Vialidad” ya se encuentran cumpliendo su pena en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Además, señalaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación identificó lugares bajo custodia de fuerzas federales que podrían albergar a la ex presidenta, sin que eso represente condiciones inhumanas de detención.
También objetaron que no se haya considerado este informe oficial en la decisión del tribunal que le otorgó el beneficio, y subrayaron que la edad avanzada es una facultad que puede ser tenida en cuenta por el juez, pero no constituye una obligación legal para otorgar el arresto domiciliario.
La Fiscalía citó un informe de la Procuración General porteña donde se menciona que, desde que Cristina Kirchner cumple su condena en San José 1.111, se han producido cortes, marchas, afectaciones a los servicios de emergencia y múltiples quejas vecinales. También se mencionaron imágenes públicas de concentraciones y personas sobre estructuras del edificio o aledaños, lo que representa riesgos para su seguridad y el orden urbano.
Frente a este panorama, Luciani y Mola concluyeron que, de no revocarse la prisión domiciliaria, debe al menos ordenarse su cumplimiento en otro domicilio más adecuado.
La causa está ahora en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes también deberán resolver otros planteos vinculados. Entre ellos, uno relacionado con el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral, que restringe el ingreso al departamento solo a familiares, abogados, médicos y custodios, mientras que el resto de las personas debe pedir autorización judicial. La audiencia para debatir este punto se realizará el 7 de julio a las 12.
También está pendiente de resolución un planteo de la defensa contra la colocación de la tobillera electrónica, así como este nuevo pedido de la Fiscalía para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla su pena en una cárcel.
