El juez de Garantías N.º 8 de Paraná, Pablo Zoff, dictó el procesamiento del exdiputado provincial y dirigente sindical José Ángel Allende por los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. La resolución también alcanza a miembros de su familia: su actual esposa, Adriana Guadalupe Satler; su exesposa, Diana María Cristina Traverso; su hijo, Julio Alejandro Allende; y su hija, Victoria Allende.
Satler, Traverso y Julio Allende fueron procesados como partícipes necesarios en ambos delitos. En el caso de Victoria Allende, el juez la procesó como partícipe necesaria en el delito de enriquecimiento ilícito, pero la sobreseyó en la acusación vinculada a las negociaciones incompatibles.
La causa, que se extendió durante 13 años, se originó a partir de una investigación que dio cuenta del presunto incremento patrimonial injustificado del exdiputado, así como de su participación en actividades incompatibles con su función pública.
Primer hecho: Enriquecimiento ilícito
La acusación principal sostiene que entre el 1.º de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016, período en el que Allende fue legislador provincial, se produjo un incremento patrimonial desproporcionado. A valores históricos, ese enriquecimiento ascendería a más de 10 millones de pesos y 64 mil dólares, sin contar otros conceptos no cuantificados.
De acuerdo con el juez Zoff, Allende habría utilizado a familiares directos como personas interpuestas para ocultar bienes y manejar fondos a su nombre. El vínculo familiar y la falta de ingresos propios de los coimputados para justificar sus adquisiciones son elementos clave en la resolución judicial.
Las pericias contables fueron determinantes. Mientras los peritos de la defensa concluyeron que el patrimonio se correspondía con los ingresos declarados, el contador de la fiscalía, Héctor Enrique, sostuvo que los fondos no alcanzaban para justificar las inversiones. Su informe estimó un enriquecimiento injustificado de 12 millones de pesos a valores históricos.
El magistrado valoró la metodología del perito oficial, indicando que permitía un “mayor acercamiento a la verdad real del patrimonio”, y cuestionó la defensa por adherirse sin crítica a las declaraciones juradas del exlegislador, incluso cuando no estaban debidamente justificadas.
Además del análisis contable, se consideraron gastos que no figuraban expresamente en dinero, como el mantenimiento de caballos de carrera y viajes internacionales, que demandaron recursos considerables.
Participación de los familiares
- Satler, Traverso, Julio y Victoria Allende fueron señalados como personas interpuestas para encubrir el verdadero patrimonio del exdiputado.
- Julio y Victoria Allende compartieron participación en sociedades con su padre, como Radio La Voz de Entre Ríos S.A., Haras El Machazo S.A. y Cardinal Grydim S.A.
- Victoria Allende adquirió vehículos sin contar con ingresos registrados, incluso siendo menor de edad en algunas compras.
- Julio Allende justificó aportes y operaciones con documentación presentada fuera de los períodos peritados, y no pudo explicar su participación patrimonial anterior a esas fechas.
Segundo hecho: Negociaciones incompatibles con la función pública
Este cargo se relaciona con la Fundación Esperanza, que presidieron tanto Allende como Satler. Se acusa al exlegislador de haber intervenido, desde su cargo público, en gestiones para obtener subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos entre 2008 y 2011.
Allende firmó solicitudes y recibos de esos subsidios, y en algunos casos lo hizo en calidad de presidente de la fundación. Satler también suscribió pedidos como presidenta y realizó las rendiciones correspondientes.
El juez destacó que la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública son valores fundamentales, y que el hecho de que los subsidios hayan sido rendidos correctamente o destinados a fines sociales no elimina la ilegalidad del procedimiento.
Conclusiones del juez Zoff:
- José Ángel Allende fue considerado autor de este delito por su intervención directa como funcionario.
- Adriana Satler fue considerada partícipe necesaria, al gestionar los pedidos y cobros de subsidios con conocimiento del interés de su esposo.
- Victoria Allende fue sobreseída por este cargo, ya que no se acreditó una participación específica en la gestión o rendición de los fondos, a pesar de haber ejercido funciones como tesorer
Zoff concluyó que todos los procesados actuaron con dolo, es decir, con plena conciencia de la ilicitud de sus actos y con la intención de concretarlos. También se ordenó un embargo o inhibición general de bienes por 4.000 pesos para cada uno de los imputados.
La decisión subraya la importancia de la prueba pericial como elemento clave para la causa, aunque advierte que no es concluyente por sí sola, sino que debe ser valorada junto a los demás elementos de prueba
