En la provincia de Entre Ríos, un total de 3.819 personas están actualmente bajo medidas penales alternativas a la prisión, según un informe difundido este jueves por la Oficina de Mediación Penal (OMA), dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esta cifra supera a la de personas detenidas en unidades penales provinciales, que asciende a 2.901 internos.
El reporte, actualizado al 19 de junio, resalta la creciente implementación de herramientas como la suspensión del juicio a prueba (probation) y las penas condicionales, las cuales permiten a imputados o condenados evitar el encierro, siempre bajo el cumplimiento estricto de ciertas condiciones.
Desde 2004 en el caso de quienes acceden a la probation, y desde 2015 para los condenados con penas condicionales, los beneficiarios son acompañados y supervisados por Oficiales de Prueba, quienes desempeñan un rol clave dentro del sistema judicial entrerriano. Su tarea consiste en controlar el cumplimiento de las normas impuestas, que pueden incluir trabajos comunitarios no remunerados, tratamientos por adicciones o violencia de género, finalización de estudios, alfabetización o capacitaciones laborales, entre otras obligaciones.
Actualmente, la provincia cuenta con 17 Oficiales de Prueba, distribuidos de forma desigual en el territorio. La región Paraná-Diamante concentra la mayoría, con nueve oficiales, mientras que departamentos como Victoria, Gualeguay y La Paz cuentan con un solo referente.
El informe del STJ detalla que si la persona incumple con las condiciones establecidas, el Oficial de Prueba informa al fiscal, quien puede pedir la revocación del beneficio y solicitar que se continúe con el proceso judicial o que la condena se haga efectiva.
Esta experiencia entrerriana, remarca el informe, pone en valor un enfoque penal centrado en la reinserción social, posicionando al Oficial de Prueba como un elemento esencial dentro del esquema judicial de la provincia.
