Una Corte de Apelaciones en Nueva York otorgó una pausa momentánea en la ejecución del fallo que ordenaba al Estado argentino entregar la mayoría accionaria de YPF. Esta decisión habilita una instancia para que se analice el recurso presentado por el país.
La resolución, emitida este martes por la Justicia estadounidense, representa un alivio temporal para Argentina en la disputa por la estatización de YPF. La Corte dispuso una “suspensión administrativa temporal” de la “Orden de Entrega” dictada el pasado 30 de junio, en favor de los fondos litigantes.
La medida tiene como objetivo permitir una evaluación adecuada de los argumentos de ambas partes. Para ello, se fijó un calendario procesal: los demandantes, liderados por Burford Capital, deberán presentar su oposición a una suspensión más extensa hasta el jueves 17 de julio. Luego, el Estado argentino contará con tiempo hasta el martes 22 para responder con sus argumentos.
Una vez completado este intercambio, un tribunal compuesto por tres jueces revisará los documentos presentados y determinará si corresponde conceder una suspensión más prolongada, que se mantendría durante todo el proceso de apelación. Por lo pronto, Argentina no estará obligada a entregar sus acciones en YPF al menos durante la próxima semana.
Próximas instancias
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández y uno de los principales encargados de la defensa legal durante cuatro años, detalló en su cuenta de X cómo continuará el proceso:
- El 17 de julio Burford presentará su escrito en contra del pedido argentino para extender la suspensión mientras se resuelve la apelación principal.
- El 22 de julio Argentina responderá desarrollando su argumentación para sostener esa suspensión.
- En una fecha aún no determinada, se designará a los tres jueces que integrarán la sala que resolverá el pedido.
- Una vez terminado el cruce de escritos y conformado el tribunal, la Corte podrá decidir en cualquier momento si acepta o no la solicitud de Argentina. No existe un plazo estipulado para esta decisión.
En caso de que la Cámara acepte el planteo argentino, la orden emitida por la jueza Loretta Preska quedaría en suspenso hasta que se resuelva la apelación contra el fallo principal, que establece una indemnización de USD 16.100 millones.
No obstante, como aún no se fijó la fecha para la audiencia de apelación, es poco probable que la cuestión de fondo se resuelva antes de 2026.
Si la Cámara rechaza el pedido, la orden de entrega de acciones volvería a estar vigente inmediatamente.
