La Justicia federal confirmó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había emitido más de un centenar de observaciones sobre los procesos productivos del laboratorio Ramallo, donde se fabricaron los lotes de fentanilo contaminado que causaron múltiples casos de intoxicación.
El hallazgo de un archivo de Excel con decenas de supuestas anomalías podría ser clave para establecer responsabilidades penales. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, había solicitado al organismo regulador toda la documentación relacionada con el laboratorio. Aunque inicialmente se recibieron dos entregas parciales, el juzgado descubrió luego la existencia del archivo mencionado, que no había sido remitido. Para acceder a él, se ejecutó una orden de presentación con allanamiento en subsidio.
Ese archivo detalla diversas irregularidades que podrían comprometer judicialmente a los responsables de la firma, incluido su propietario, Ariel Fernando García, quien también es titular del grupo HLB Pharma, encargado de la distribución del fentanilo.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la propia ANMAT, luego de que el Hospital Italiano de La Plata informara que, en abril, 18 pacientes presentaron signos de contaminación tras recibir fentanilo elaborado por HLB. Posteriores análisis confirmaron que las bacterias halladas en las ampollas coincidían con las encontradas en los pacientes afectados.
El producto había sido fabricado en el laboratorio Ramallo durante la campaña 2024 y fue distribuido a varias provincias por la droguería Alfarma. Durante la investigación se detectó un desvío de calidad en el proceso de producción de al menos dos lotes.
Actualmente, el juez Kreplak espera los resultados de una pericia sobre el “Batch Record” —registro detallado de la fabricación de cada lote— que será realizado por el Instituto Malbrán. El objetivo es determinar si las fallas detectadas tienen antecedentes en años anteriores.
Mientras tanto, la Justicia ordenó la inhibición de bienes de Ariel Fernando García, de sus hermanos Damián Roberto y Diego, de su madre Nilda Furfaro, y de su abuela Olga Luisa Arena, expresidenta de HLB Pharma Group. La medida busca prevenir eventuales maniobras de fuga de activos o entorpecimiento del proceso judicial.
Según la investigación, la familia operaba mediante una red de empresas que podrían haber sido utilizadas para ocultar irregularidades. Si se comprueba que los directivos conocían las anomalías y no las corrigieron, podrían enfrentar imputaciones formales en el corto plazo.
Aunque por el momento no hay personas procesadas, la acumulación de pruebas y el avance del expediente indican que el juez se encamina hacia esa instancia. “Las características del suceso, el tenor de los hechos investigados y el entramado societario existente conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”, advierte Kreplak en el expediente.
