El Gobierno dio un nuevo paso en su política de privatización de empresas públicas. Este martes se publicó el decreto 493/2025, que establece el marco regulatorio para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada del suministro de agua potable y tratamiento de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Aunque el proceso ya está en marcha, su implementación será gradual y se prevé que la privatización completa se concrete recién en 2026. Para ello, aún deben atravesarse varias instancias técnicas, administrativas y legales.
El decreto establece las funciones y responsabilidades que tendrá el concesionario que asuma el control de la compañía. Entre otras obligaciones, deberá presentar anualmente un plan de acción, rendir cuentas al ente regulador, responder a los reclamos de los usuarios y brindar compensaciones en caso de fallas en el servicio.
Una de las novedades del nuevo esquema es la posibilidad de realizar cortes de servicio por falta de pago, algo que hasta ahora solo era posible para usuarios no residenciales. Con la nueva normativa, los hogares también podrían ser alcanzados por esta medida en caso de mora, aunque resta definir detalles de su aplicación.
Desde el Ejecutivo argumentan que la decisión responde a un escenario económico crítico que impide al Estado seguir sosteniendo el servicio. En los considerandos del decreto se menciona que, entre 2006 y 2023, AySA recibió transferencias del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares. Según fuentes cercanas al proceso, los cambios buscan “hacer más atractiva” a la empresa para eventuales inversores privados.
El miércoles se publicó además el decreto 494, que habilita la privatización total de AySA y define un esquema de cesión progresiva al sector privado. El modelo contempla tres etapas:
- Primera etapa: se llamará a una licitación pública nacional e internacional para otorgar el 51% de las acciones a un operador privado a través de un contrato de concesión.
- Segunda etapa: se realizará una oferta pública inicial en el mercado de valores para vender otro 39% del paquete accionario.
- Tercera etapa: el 10% restante quedará reservado para los trabajadores de la empresa.
El llamado a licitación está previsto para el último trimestre de 2025. Según estimaciones oficiales, la adjudicación del paquete mayoritario se concretaría recién en el transcurso de 2026, ya que los procesos de este tipo requieren un mínimo de 60 días desde su convocatoria.
La operación estará bajo la supervisión del Ministerio de Economía, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Ambos organismos deberán asegurar que el traspaso no afecte la continuidad ni la calidad del servicio esencial que presta AySA.
AySA es una de las ocho empresas públicas incluidas en el plan de privatizaciones aprobado en el marco de la Ley Bases. El objetivo del Ejecutivo es reducir el déficit fiscal y fomentar la inversión privada en sectores estratégicos.
