El Gobierno provincial informó una profunda reestructuración del sistema de contratación de espacios publicitarios, a partir de la implementación del nuevo Registro Digital de Proveedores, que reemplazó al mecanismo vigente desde 2009. La modernización produjo un recorte cercano al 70% en el padrón histórico, al mismo tiempo que incorporó nuevos prestadores de distintos puntos de la provincia y del país.
A poco más de tres meses de su puesta en marcha, 482 proveedores completaron la inscripción en la plataforma digital. Según detallaron desde la Secretaría de Comunicación y Prensa, esta cifra no se vincula a un criterio de exclusión, sino a un proceso de depuración y actualización de datos que permitió identificar a los prestadores realmente activos, formales y verificables.
Desde el Ejecutivo destacaron que, junto con la reducción del registro, se sumó una nueva variedad de actores, tanto provinciales como nacionales, lo que amplía la oferta de servicios publicitarios y mejora la diversidad de medios y propuestas disponibles para la comunicación oficial.
El secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, explicó que la digitalización del sistema era una deuda pendiente desde hacía años. “Este proceso no busca excluir. Contar con un registro digital, confiable y actualizado nos permite administrar la pauta con criterios objetivos, fortalecer la transparencia y garantizar una mayor eficiencia administrativa”, señaló.
El nuevo Registro Digital centraliza todas las etapas vinculadas a la pauta oficial: inscripción, presentación de cotizaciones, certificación de servicios y facturación. Esta integración genera trazabilidad completa, reduce errores y facilita el seguimiento en tiempo real de los trámites. Además, permite identificar y dar de baja de forma automática a los proveedores inactivos.
Creado por la ley 11.043, el Registro de Proveedores de Espacios Publicitarios es el único habilitado para toda la Administración Pública provincial. Con la llegada del Registro Digital 2025, el Gobierno considera que se da “un paso decisivo hacia una política de comunicación moderna, transparente y eficiente”, que optimiza la asignación de recursos y fortalece la relación institucional con los prestadores de servicios publicitarios.
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