El Senado convirtió en ley este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa clave del gobierno de Javier Milei que apunta a modificar de manera profunda el esquema de control y penalización tributaria en la Argentina. El objetivo central es incentivar la regularización de activos y el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal, además de reducir la litigiosidad fiscal.
La norma introduce cambios sustanciales en el Régimen Penal Tributario, los Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada para contribuyentes que decidan adherir al sistema.
Un nuevo régimen de Ganancias con “blindaje fiscal”
Uno de los puntos centrales de la ley es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Según explicó el Gobierno, quienes adhieran quedarán “blindados” frente a futuros reclamos fiscales vinculados a su patrimonio.
Este régimen establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder acceder y elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales. Además, la autoridad fiscal ARCA no controlará los consumos personales de los contribuyentes adheridos.
En la práctica, esto implica que el organismo recaudador solo liquidará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados. A partir de esa base imponible, se deducirán los consumos declarados, sin que se investigue el origen del eventual crecimiento patrimonial.
Efecto liberatorio y cambios en el delito de evasión
El artículo 39 de la nueva ley establece el denominado “efecto liberatorio del pago”. Esto significa que, si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y realiza el pago en tiempo y forma, queda liberado de futuras acciones administrativas y penales, salvo en los casos en los que se compruebe la omisión deliberada de ingresos.
Uno de los cambios más relevantes se da en los montos que configuran el delito de evasión. A partir de la sanción de la ley, el umbral para considerar la evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos, una actualización que el Gobierno considera necesaria por el atraso inflacionario de los valores vigentes.
Para la evasión agravada, el nuevo piso se fija en 1.000 millones de pesos, muy por encima de los 15 millones que regían hasta ahora.
Menor plazo de prescripción y beneficios penales
La ley también reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años. Este cambio busca dar mayor previsibilidad a los contribuyentes y limitar la posibilidad de reclamos fiscales de largo plazo.
En materia penal, ARCA no iniciará acciones judiciales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes. Este beneficio, sin embargo, podrá utilizarse una sola vez por persona o empresa.
Si la denuncia aún no hubiera sido presentada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, abonando un adicional del 50% sobre el monto adeudado.
Más flexibilidad en los controles, pero sanciones más altas
Aunque el espíritu general de la ley apunta a una flexibilización de los controles fiscales y a una relación menos punitiva entre el Estado y los contribuyentes, la norma también prevé un endurecimiento de las sanciones económicas en determinados casos.
En particular, se incrementan los montos de las multas por la presentación de declaraciones juradas fuera de término o con errores formales, con el objetivo de desalentar el incumplimiento administrativo.
A quiénes alcanza la Ley de Inocencia Fiscal
La ley está dirigida principalmente a personas humanas y empresas que cumplan con los requisitos patrimoniales y opten por adherir al régimen simplificado. El Gobierno apuesta a que este esquema incentive la formalización de ahorros y transacciones que hoy se encuentran fuera del sistema, ampliando la base tributaria sin aumentar impuestos.
Con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el Ejecutivo da un nuevo paso en su estrategia de desregulación y simplificación impositiva, una de las banderas centrales del programa económico de Javier Milei.
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