Impulsado por la reciente aprobación del Presupuesto y por el respaldo de los mercados, Javier Milei decidió acelerar la reforma laboral, uno de los pilares centrales de su programa económico. El objetivo del Ejecutivo es lograr su sanción durante la extensión del período de sesiones extraordinarias o, en su defecto, en el inicio de las ordinarias en marzo, aun sabiendo que el camino estará marcado por una fuerte resistencia sindical, política y territorial.
La iniciativa, presentada oficialmente como Ley de Modernización Laboral, es reclamada desde hace años por grandes empresarios, PyMEs y organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que la consideran clave para mejorar la competitividad, reducir la informalidad y atraer inversiones.
El Presupuesto como punto de inflexión político
La aprobación del Presupuesto nacional funcionó como un verdadero bálsamo para el Presidente, luego del duro revés sufrido en Diputados con la caída del capítulo 11, que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
Tras el enojo inicial y la amenaza de gobernar por tercer año consecutivo sin Presupuesto, en la Casa Rosada primó el pragmatismo. Pesaron fuerte los mensajes llegados desde Washington, el FMI y los potenciales inversores externos, que reclamaron previsibilidad institucional y reglas económicas establecidas por ley, no por vetos o decretos.
En el Senado, los números fueron contundentes para el oficialismo:
- 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención en la votación general.
- El polémico artículo 30, que recortaba fondos de educación, ciencia y tecnología, quedó cerca de aprobarse: 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.
“Es un hecho histórico”, celebró Milei, quien también destacó la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar la exteriorización de ahorros no declarados. “Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre”, afirmó el Presidente.
Negociaciones voto a voto y un oficialismo pragmático
La aprobación de ambas leyes fue posible gracias a una intensa negociación política, encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli, con participación activa de Karina Milei, referentes del oficialismo como Adrián y Lule Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El método fue claro: negociar voto a voto con legisladores y gobernadores dispuestos al diálogo, a cambio de fondos para cajas previsionales provinciales y otros recursos clave para las finanzas locales.
Ese esquema, que funcionó para el Presupuesto, es el que ahora el Gobierno intenta replicar con la reforma laboral.
Reforma laboral: el desafío más complejo
Envalentonado por lo ocurrido en el Senado, Milei va ahora por una tarea mucho más compleja políticamente. La reforma laboral ya había sido intentada a fines de año, pero el Gobierno debió retroceder ante la falta de votos.
La Casa Rosada sabe que enfrentará una defensa cerrada de los derechos laborales vigentes, encabezada por la CGT, el PJ/kirchnerismo y los gobernadores peronistas más duros. Aun así, el Presidente está dispuesto a avanzar y asumir el costo político.
El rol clave de los gobernadores dialoguistas
La clave del proyecto pasa por los mandatarios provinciales aliados o dialoguistas, entre los que conviven peronistas no kirchneristas, radicales y dirigentes del PRO. Estos gobernadores están dispuestos a discutir una modernización del régimen laboral, pero rechazan una eliminación indiscriminada de derechos.
En el caso del Presupuesto, aceptaron votar por capítulos para evitar la caída total del proyecto. En materia laboral, en cambio, exigen debatir artículo por artículo, especialmente en aquellos puntos que podrían implicar un retroceso fuerte para los trabajadores.
Entre los gobernadores de Provincias Unidas que seguirán de cerca el debate figuran:
- Martín Llaryora (Córdoba)
- Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
- Ignacio Torres (Chubut)
- Gustavo Valdés (Corrientes)
- Carlos Sadir (Jujuy)
A ellos se suma otro grupo con peso propio en la negociación fiscal y política:
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Osvaldo Jaldo (Tucumán)
- Gustavo Sáenz (Salta)
Todos han mostrado disposición al diálogo, pero también límites claros cuando consideran que los intereses provinciales o sociales se ven afectados.
Buenos Aires, el epicentro de la resistencia
En el Gobierno dan por descontado que Axel Kicillof será el principal opositor a la reforma laboral. La provincia de Buenos Aires se perfila como el epicentro de la resistencia sindical, en un contexto donde el gobernador, junto a la mayoría de los intendentes peronistas, también disputa el liderazgo interno del espacio con Cristina Kirchner y La Cámpora.
Allí se apoyará la CGT, que estrenó nueva conducción y no descarta planes de lucha, movilizaciones o paros. Sin embargo, en el sindicalismo reconocen que el actual clima social y económico podría limitar el impacto de esas medidas.
Un final abierto en el Congreso
La reforma laboral se perfila como la batalla política más dura del Gobierno en lo que va de la gestión. Milei está decidido a avanzar, convencido de que es una pieza clave para su programa económico, pero el desenlace sigue siendo incierto.
El Congreso volverá a ser el escenario de una negociación intensa, donde cada voto contará y donde el equilibrio entre reforma, gobernabilidad y costo social definirá el futuro de una de las leyes más sensibles del mandato libertario.
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