Lejos de significar una pausa, la feria judicial de enero se convirtió en un período de intensa actividad en las causas penales que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su conducción. Juzgados de distintos fueros y jurisdicciones resolvieron continuar con medidas de fondo, citaciones y resoluciones clave que, según fuentes judiciales, estrechan el cerco sobre los principales directivos de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Las investigaciones avanzan en paralelo en la Justicia Penal Económica de la Ciudad de Buenos Aires, en tribunales federales del conurbano bonaerense y en Comodoro Py, con ejes que van desde presunto lavado de activos y evasión fiscal multimillonaria hasta maniobras con contratos internacionales y circuitos financieros bajo sospecha.
El helipuerto de Pilar y los vuelos bajo la lupa judicial
Uno de los expedientes más sensibles está a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien en los próximos días deberá definir si convoca a declarar como testigos a dos pilotos de helicóptero ya identificados. Se trata de quienes realizaron reiterados aterrizajes en el helipuerto de una lujosa mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar.
La propiedad fue valuada por peritos oficiales en 17 millones de dólares, cifra que asciende a cerca de 20 millones si se contabilizan los 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio, tasados en más de 3,8 millones de dólares. En la escritura de compraventa, sin embargo, la operación fue declarada por apenas 1,8 millones de dólares.
Según la investigación, la mansión figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, cuyos responsables visibles son un monotributista, Luciano Pantano, y su madre jubilada. Para los investigadores, el nivel de los bienes y gastos resulta incompatible con el perfil económico de los titulares formales, por lo que se sospecha que actuarían como presuntos testaferros de altas autoridades de la AFA.
En relación con el helipuerto valuado en 85.000 dólares, la Justicia detectó la ausencia de registros de pasajeros. Por ese motivo, al ser citados, los pilotos deberán declarar bajo juramento a quiénes trasladaron en esos vuelos, una diligencia considerada clave para identificar a los verdaderos usuarios y eventuales propietarios del inmueble.
La disputa entre juzgados y un conflicto de competencia abierto
Pantano y su madre debían prestar declaración para explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener semejante patrimonio. Sin embargo, la audiencia se frustró por una maniobra de último momento de la defensa, que solicitó el pase de la causa al fuero federal de Campana, argumentando que la quinta y otras dos propiedades bajo investigación se encuentran en esa jurisdicción.
El planteo fue aceptado de manera preliminar por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien pidió a Aguinsky que se inhiba y remita el expediente. La respuesta del magistrado porteño aún está pendiente y, de rechazarse la inhibitoria, el conflicto escalará a la Cámara de Apelaciones para su resolución.
El fiscal de la causa, Claudio Navas Rial, ya dejó asentada su postura: se opondrá al traslado del expediente, al considerar que los hechos investigados, la trazabilidad de las operaciones y la prueba ya producida consolidan la competencia del fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según los investigadores, lo único que se encuentra físicamente en Pilar es el inmueble, señalado como posible resultado de una compleja maniobra vinculada a delitos económicos de mayor alcance. El lugar ya fue allanado cuando el expediente estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó el secuestro de bienes, dispuso consigna policial permanente y habilitó peritajes que hoy integran un expediente de más de 3.800 páginas.
Evasión fiscal y retenciones bajo sospecha
Navas Rial es también el fiscal que impulsa la investigación por una presunta evasión fiscal multimillonaria de la AFA, denunciada por el organismo recaudador ARCA. En este expediente, el juez en lo penal económico Diego Amarante decidió habilitar la feria judicial de enero y avanzar con medidas de fondo.
Amarante ordenó levantar el secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA y de su comisión directiva, encabezada por Tapia, y profundizó la investigación por presunta evasión y apropiación indebida de retenciones por un monto estimado en $19.353.546.843,85.
La causa se originó en una denuncia formal y en un dictamen fiscal del 26 de diciembre, que subrayó la complejidad del caso por la cantidad de períodos fiscales involucrados y el volumen del dinero presuntamente retenido y no ingresado en los plazos legales.
Según consta en el expediente, se investiga la falta de depósito del IVA retenido bajo el régimen SIRE en diversos períodos entre 2024 y 2025, la omisión en el ingreso de retenciones del Impuesto a las Ganancias y el incumplimiento en el depósito de contribuciones a la seguridad social durante más de un año y medio.
Para el magistrado, la reiteración de los incumplimientos y el carácter de fondos retenidos pero no depositados justifican la continuidad de las medidas incluso durante la feria judicial. En ese marco, ya fueron imputados los integrantes de la comisión directiva de la AFA.
Investigación en Lomas de Zamora y contratos en el exterior
El avance judicial no se limita a la Capital Federal. En Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella también habilitó la feria y citó para el 19 de enero al empresario Javier Faroni, titular de la sociedad contratada para administrar los contratos internacionales de la AFA. También deberá presentarse su esposa, Erica Gillette, quien figura al frente de TourProdEnter LLC.
La citación se produce luego de un allanamiento a la sede de la AFA, donde se halló un contrato firmado en 2021. Armella levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de todos los investigados y analiza la administración de unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior, así como el presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia empresas consideradas apócrifas.
Sur Finanzas y el circuito financiero bajo investigación
El juez Armella también avanzará durante la feria en medidas vinculadas a Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, vinculada a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes de fútbol. En este expediente ya hay tres detenidos procesados por presunto encubrimiento agravado, incluida la tesorera de la firma, una decisión que será revisada por la Cámara Federal de La Plata.
Durante enero, Armella suplanta además a su colega Federico Villena, quien investiga una denuncia de ARCA contra Sur Finanzas relacionada con billeteras virtuales. La acusación sostiene que a través de esas plataformas se habrían operado $818.000 millones, con un alto porcentaje de movimientos correspondientes a sujetos no categorizados, contribuyentes apócrifos y monotributistas sin capacidad económica acreditada.
Según la hipótesis fiscal, esos fondos tendrían origen en ilícitos tributarios y fraudes financieros, y habrían sido canalizados para otorgarles apariencia de legalidad. La investigación también detectó movimientos millonarios de asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de fútbol de distintas categorías.
A su vez, Sur Finanzas es investigada en Comodoro Py por presuntas maniobras con la compra de dólar oficial y su posterior venta en el mercado informal durante 2023, en pleno contexto de cepo cambiario.
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