El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional está próximo a retomar su tratamiento en el Congreso y, a medida que se acerca la discusión parlamentaria, crecen las tensiones con los principales actores políticos y sindicales. Mientras el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con la iniciativa, la CGT y varios gobernadores mantienen fuertes objeciones sobre artículos que consideran perjudiciales para los derechos laborales, la actividad sindical y las economías provinciales.
Desde el momento en que el texto comenzó a circular, la central obrera advirtió sobre una serie de puntos que rechaza de manera frontal, especialmente aquellos vinculados a la organización sindical, el derecho a huelga, las indemnizaciones y el financiamiento del sistema de seguridad social. Estas críticas fueron expuestas públicamente durante la movilización del pasado 18 de diciembre, cuando los dirigentes gremiales calificaron la iniciativa como una reforma que “no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos”.
Según la CGT, el proyecto “promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas laborales extendidas y salarios fragmentados”, al tiempo que limita la acción gremial y modifica de forma sustancial las condiciones de la negociación colectiva. En ese marco, los sindicalistas sostienen que se vulnera la libertad sindical y se debilita el ejercicio efectivo de la representación de los trabajadores.
Los puntos más cuestionados por los gremios
Uno de los ejes centrales del rechazo sindical está vinculado a los artículos que redefinen el alcance del derecho a huelga. La reforma clasifica una mayor cantidad de actividades como “servicios esenciales”, obligándolas a garantizar un 75% de funcionamiento durante medidas de fuerza. A su vez, incorpora la figura de “actividades de importancia trascendental”, que deberán sostener al menos el 50% de su actividad durante protestas o paros.
Desde la CGT sostienen que estas disposiciones reducen de manera significativa el impacto de las huelgas y limitan una de las principales herramientas de presión del movimiento obrero. A esto se suma la exigencia de autorización previa para la realización de asambleas y congresos de delegados, además de la pérdida de salario durante el tiempo que dure la participación en esas instancias.
Otro punto sensible es el referido al financiamiento sindical. El proyecto establece que los empleadores podrán retener las cuotas de afiliación y que será necesaria la conformidad expresa del trabajador para la asignación de esos fondos, una medida que los gremios interpretan como un intento de debilitar económicamente a las organizaciones sindicales.
Cambios en convenios, indemnizaciones y aportes
La CGT también rechaza la eliminación de la ultraactividad, mecanismo que garantiza la vigencia de los convenios colectivos vencidos hasta que se firme uno nuevo. Con la reforma, los acuerdos deberán renegociarse desde cero, lo que, según los gremios, coloca a los trabajadores en una posición de mayor vulnerabilidad frente a las empresas.
Gobernadores: apoyos parciales y fuertes advertencias
En paralelo al rechazo sindical, los gobernadores se convirtieron en un actor clave en la discusión. Si bien el oficialismo logró consolidar un bloque relevante en la Cámara de Diputados, necesitará acuerdos con mandatarios provinciales para garantizar la aprobación del proyecto.
Desde algunas gobernaciones admiten que existen aspectos de la reforma que consideran necesarios. “Hay puntos del proyecto de modernización laboral que van en línea con lo que el país necesita”, señalaron desde una provincia con diálogo fluctuante con el Gobierno nacional. Sin embargo, aclararon que será necesario “corregir distorsiones y encontrar un equilibrio que no perjudique ni a los trabajadores ni al sector privado”.
Además, cuestionan la exclusión del aguinaldo y las vacaciones del cálculo de las indemnizaciones por despido y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría parte del esquema indemnizatorio tradicional. Este fondo se financiaría con un aporte del 3% de los aportes patronales, que dejarían de destinarse a la seguridad social para invertirse en una cuenta específica.
En el entorno del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestaron que el país requiere una modernización laboral que permita a las pymes sostener el empleo y facilite el pase de trabajadores de la informalidad a la formalidad.
Desde Córdoba, en tanto, el equipo del gobernador Martín Llaryora remarcó la necesidad de analizar la iniciativa “tema por tema” y sin apuros. “No tenemos urgencias ni condicionamientos externos”, indicaron, dejando en claro que la discusión llevará el tiempo que sea necesario.
El rechazo más duro desde el norte
Una de las posturas más críticas surgió desde Catamarca. Fuentes cercanas al gobernador Raúl Jalil reconocieron que “algo hay que cambiar” en el sistema laboral, pero advirtieron que el proyecto presenta serios problemas para las provincias. Legisladores catamarqueños elevaron un documento con fuertes cuestionamientos, en el que aseguran que la iniciativa “genera un impacto fiscal y productivo negativo”.
Según ese análisis, la reforma implica una reducción sustancial de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, lo que afectaría de manera directa la recaudación provincial. “Lejos de promover un desarrollo equilibrado, profundiza asimetrías regionales, debilita derechos laborales y compromete la sostenibilidad fiscal y social”, concluyeron.
El impacto fiscal y los cambios en Ganancias
La reforma laboral también incluye modificaciones tributarias, en particular vinculadas al impuesto a las Ganancias, con una rebaja de alícuotas para empresas y la exención del tributo para alquileres destinados a vivienda.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo anual del paquete de medidas rondaría el 0,22% del PBI, equivalente a aproximadamente $1,9 billones a valores actuales. De ese total, el Gobierno nacional absorbería unos $790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires perderían alrededor de $1,12 billones.
Las jurisdicciones más afectadas serían Buenos Aires, con una merma superior a los $238.000 millones; Santa Fe, con más de $97.000 millones; Córdoba, con unos $96.400 millones; y Chaco, con pérdidas estimadas en más de $54.000 millones.
Con este escenario, la reforma laboral se encamina a un debate intenso en el Congreso, donde el Gobierno deberá negociar cambios y concesiones para evitar un frente común de rechazo entre sindicatos y gobernadores.
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