A fines de diciembre se conoció una serie de decretos del gobierno provincial mediante los cuales se renovaron alrededor de 1.700 contratos temporarios en distintas áreas del Estado, pero también se dispuso la no renovación de decenas de trabajadores que venían desempeñándose desde hace años en diversos organismos.
La medida generó malestar y protestas gremiales, ya que entre los contratos no renovados hay empleados con hasta 18 años de antigüedad, personas con problemas de salud, sostén de familia, trabajadores con adultos mayores a cargo y al menos tres delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Desde el Poder Ejecutivo se aclaró que “no se trata de despidos”, sino de “una decisión de no renovación de una parte acotada de contratos temporarios”, cuya naturaleza jurídica es de plazo determinado y está sujeta a evaluaciones periódicas. Según datos oficiales, el 94 por ciento de los contratos vigentes fueron renovados y las decisiones se adoptaron tras análisis caso por caso realizados por cada ministerio, teniendo en cuenta el cumplimiento de funciones, responsabilidad, compromiso con las tareas y la necesidad real de cada puesto.
No obstante, desde ATE cuestionaron duramente el criterio aplicado y este miércoles realizaron una protesta frente a Casa de Gobierno, en la que reclamaron tanto la recomposición salarial como la reincorporación de todos los trabajadores afectados. El gremio remarcó que entre los cesanteados hay delegados sindicales y personal con una extensa trayectoria laboral, que durante años permaneció en situación contractual irregular.
Cabe señalar que, salvo excepciones, la mayoría de los trabajadores ingresaron al Estado durante las gestiones de Sergio Urribarri (2007-2015) y Gustavo Bordet (2015-2023) y continuaron prestando servicios mediante contratos temporarios sin lograr estabilidad.
A continuación, un relevamiento de algunos de los contratos no renovados, organismo por organismo, que muestra la diversidad de situaciones personales y laborales involucradas:
Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER)
Silvia Elizabeth Aguilar, con 18 años de antigüedad; Edelmira Paulina Morinico, con 8 años; María del Luján Ulrich, sostén de familia; Silvina Carola Noir, entre otros trabajadores de distintas dependencias de Catastro y oficinas centrales.
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Trabajo
Amílcar Abraham Adra Giménez, con 9 años de antigüedad.
Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf)
En la Residencia Educativa Negrito Manuel de Victoria figuran Mónica Cristina Giordano (delegada de ATE), junto a varios trabajadores más. En el Servicio Administrativo Contable, Mariela Rosana Militello, con ocho años de antigüedad.
Ministerio de Desarrollo Económico
En las secretarías de Ambiente e Industria se encuentran Edgardo Balbuena, Máximo Benítez, Betiana Barreto, Gonzalo Mesa, María Soledad Palumbo y María Fernanda Peralta.
Ministerio de Desarrollo Humano
Entre los casos figuran Débora Mariana Televich, único sostén de familia; Alejandra Rodríguez, en tratamiento de salud prolongado; Eric Elián Cámara, con diez años de antigüedad y padre reciente; e Irene Luján, con once años de servicio.
Gobernación
En la Imprenta Oficial, Nadia Soledad Vázquez; en Automotores, Ana Laura Amaya; y en Mantenimiento, Sebastián Rosales y Matías Warlet, entre otros.
Ministerio de Planeamiento
Fabián Oscar Ortiz, con 15 años de antigüedad.
Secretaría de Energía
Varios trabajadores afiliados a ATE, muchos de ellos sostén de familia.
Obra Social de Entre Ríos (OSER)
Personal de las delegaciones Paraná y Paraná II.
Secretaría de Modernización
Deborah Elizabeth Quindt, delegada de ATE y sostén de familia, junto a otros trabajadores de Informática.
Consejo General de Educación
Carlos Bortagaray, de la Escuela 86 de Caseros.
Secretaría de Justicia – Derechos Humanos
Trabajadores del Registro Único de la Verdad, área que fue señalada por organismos de Derechos Humanos como uno de los sectores afectados.
Precisamente, este miércoles organismos de Derechos Humanos marcharon junto a ATE para denunciar lo que calificaron como un “desmantelamiento” del Registro Único de la Verdad. Desde la Secretaría de Justicia, a cargo de María Emma Bargagna, negaron “de manera enfática y categórica” esa acusación y explicaron que sólo tres contratos temporarios no fueron renovados, lo que según indicaron “no afecta el funcionamiento del organismo ni las políticas de derechos humanos ni la intervención del Estado en causas de lesa humanidad”.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. ATE anticipó que continuará con medidas de protesta y gestiones administrativas y judiciales para revertir las decisiones, en un contexto de creciente tensión entre el gobierno provincial y los trabajadores contratados que reclaman estabilidad luego de años de prestación continua de servicios.
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