El hallazgo de cámaras y micrófonos ocultos en dependencias clave de la Casa de Gobierno de Entre Ríos abrió un nuevo frente de tensión política e institucional en la provincia. Las primeras pericias y testimonios reunidos por los investigadores permiten presumir, con un alto grado de certeza, que los dispositivos habrían sido instalados durante el primer mandato de Gustavo Bordet (2015–2019) y que el principal responsable político de esa decisión habría sido el entonces secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider.
La revelación generó un fuerte malestar en el entorno del gobernador Rogelio Frigerio, especialmente por la presencia de uno de los equipos en su propio despacho. “¿Cómo van a tener cámaras en el despacho del Gobernador y en la Secretaría General y no nos van a avisar?”, se preguntó con evidente suspicacia un alto funcionario del actual gabinete. En la administración provincial la sensación dominante es que heredaron una estructura de vigilancia clandestina, definida internamente como un verdadero “Caballo de Troya”.
Coincidencias que apuntan a una instalación anterior
Entre los elementos objetivos que refuerzan la hipótesis de una instalación realizada durante la gestión peronista se destaca la ubicación exacta de los equipos. Según fuentes oficiales, coinciden con los lugares donde Kueider había ordenado colocar cámaras años atrás: la antesala de su oficina, su despacho personal, el despacho del gobernador y el pasillo que conecta ambas dependencias.
Esos mismos dispositivos habrían sido los que registraron imágenes comprometedoras del entonces funcionario, donde se lo veía manipulando dinero en efectivo y manteniendo encuentros íntimos con una empleada. Esos videos, difundidos públicamente hace aproximadamente un año, fueron secuestrados en un allanamiento ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa en la que Kueider es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En el reciente procedimiento realizado por la Policía de Entre Ríos en la Casa de Gobierno se encontraron tres equipos. Las imágenes de los aparatos, que circularon rápidamente en redes sociales, dieron lugar a burlas por su aspecto anticuado. De confirmarse que se trata de los mismos dispositivos, su instalación dataría de al menos 2017.
Cómo estaban ocultas las cámaras
Durante un relevamiento realizado en marzo de 2025 en las oficinas que ocupaba Kueider, se observaron dos de los aparatos camuflados en carcasas de falsos sensores de movimiento. Esa modalidad de ocultamiento coincide con lo declarado por un testigo presencial de la instalación original, quien confirmó que los dispositivos fueron disimulados de ese modo para no ser detectados.
Según fuentes oficiales, al momento de ser descubiertas las cámaras permanecían conectadas al suministro eléctrico. El cableado no estaba a la vista, ya que había sido embutido dentro de las paredes del edificio histórico.
Estas terminales no funcionan de manera autónoma: captan imagen y sonido, pero requieren de una base de grabación (DVR) para almacenar los registros. Ese equipo había sido ubicado por Kueider en una pequeña habitación, pero ya no se encuentra allí. Este dato alimentó inicialmente la idea de que los dispositivos estarían fuera de uso.
Sin embargo, surgieron nuevas sospechas. Fuentes policiales indicaron que los artefactos podrían ser fácilmente readecuados para transmitir vía wifi de manera independiente, con la simple incorporación de un módulo adicional. Además, remarcaron que la cámara hallada en el despacho de Frigerio posee un cableado extra cuyo extremo final todavía no fue localizado. La hipótesis es inquietante: ese equipo podría encontrarse aún activo.
El origen del sistema de vigilancia
Según reconstruyeron los investigadores, Kueider habría ordenado la instalación del sistema con una idea inicial singular: montar una suerte de “reality” institucional, mediante el cual se transmitiría en línea cómo y cuánto trabajaba el funcionario. Ese proyecto nunca se concretó y fue archivado.
Tiempo después, el propio Bordet habría solicitado la colocación de un dispositivo en su despacho, preocupado porque encontraba sus papeles revueltos al regresar de reuniones o viajes. Su objetivo era saber quién ingresaba a su oficina en su ausencia y qué hacía allí.
Con el paso de los años, el sistema quedó instalado sin control ni registros formales claros sobre su funcionamiento, mantenimiento o eventual desmantelamiento.
Dos investigaciones en marcha
El Gobierno provincial inició dos procesos paralelos para esclarecer lo ocurrido. Por un lado, se abrió un sumario administrativo interno que estará a cargo de la Fiscalía de Estado. Por otro, se presentó una denuncia penal que recayó en la Fiscalía a cargo de Santiago Alfieri.
Tras una primera inspección en el lugar, el fiscal anticipó que se trata de una investigación compleja y de largo aliento. “Ahora nos toca ver qué otras fuentes de información, formales o informales, son abordables para organizar una investigación que llevará su tiempo”, explicó en declaraciones radiales.
Alfieri remarcó la “trascendencia institucional” del caso y fue categórico: “No por entender que se trata de una instalación pasada y fuera de uso vamos a desechar de entrada la investigación”. También advirtió que las hipótesis que se manejan pueden derivar en consecuencias penales y administrativas de distinta gravedad.
“La pesquisa se hará de manera tal que se agote todo el conocimiento disponible y quede absolutamente claro de qué se trata”, aseguró.
Repercusiones políticas
La denuncia generó un inmediato impacto en el arco político provincial y nacional. En la mañana del miércoles, Frigerio recibió el respaldo público del Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, quien expresó su solidaridad y apoyo institucional.
Desde la oposición, el presidente del Partido Justicialista entrerriano, José Cáceres, manifestó su “enérgico rechazo” a cualquier forma de espionaje ilegal, aunque señaló que los dispositivos fueron descubiertos cuando ya transcurre el tercer año de la actual gestión, sugiriendo responsabilidades compartidas en el control del edificio.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, también expresó su repudio al espionaje y brindó un apoyo explícito al gobernador, sin condicionamientos.
Mientras avanza la investigación, el caso reaviva un debate profundo sobre los límites del control interno en el Estado, el uso indebido de sistemas de vigilancia y la herencia de prácticas opacas entre gestiones. La principal incógnita que hoy sobrevuela la Casa de Gobierno es inquietante: quién miraba, qué se grabó y durante cuánto tiempo.
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