Una serie de renuncias y reemplazos sacudió en las últimas horas a distintas áreas estratégicas del Gobierno nacional. En menos de 24 horas se produjeron al menos cuatro salidas de funcionarios de alto rango, principalmente en el área de Transporte y en la Unidad de Información Financiera (UIF), en un proceso que desde la Casa Rosada presentan como una “renovación de gestión” más que como una crisis política.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció este lunes por la tarde cambios en las máximas autoridades de dos empresas estatales ferroviarias: Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Las renuncias de sus presidentes, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, se concretaron pocas horas después de la salida de Luis Pierrini, quien hasta entonces se desempeñaba como secretario de Transporte.
Cambios profundos en el área de Transporte
Desde el Gobierno confirmaron que la decisión apunta a realizar una modificación integral en la conducción del sector. “Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales. Aunque públicamente se informó que Pierrini dejó el cargo por “motivos personales”, versiones periodísticas señalan que existía malestar interno por el manejo y la distribución de los subsidios al transporte automotor.
Los movimientos fueron impulsados por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien hasta hace poco se desempeñaba como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). En su nuevo rol, Frugoni concentra bajo su órbita diversas carteras administrativas, organismos descentralizados y empresas públicas vinculadas a infraestructura y transporte.
“Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como inicio de su gestión y se le aceptaron”, señalaron fuentes oficiales. Boschín y Compelatore habían asumido pocos días después de Pierrini, en mayo del año pasado, y su salida se interpreta como parte de una reconfiguración general de las empresas ferroviarias estatales.
El foco en las empresas ferroviarias
El caso de Trenes Argentinos Operaciones es particularmente sensible para el Gobierno. La compañía forma parte del grupo de ocho empresas estatales que quedaron habilitadas para ser privatizadas o concesionadas tras la aprobación de la Ley Bases. En ese contexto, la conducción de SOFSA es considerada estratégica para avanzar en los planes de reorganización del sistema ferroviario.
Por el momento, no se anunciaron cambios en Ferrocarriles Argentinos (FA), cuya presidencia continúa a cargo de Luis Federico Canedi. Sin embargo, fuentes del sector no descartan que pueda haber modificaciones en el corto plazo.
Un escenario distinto se presenta en Belgrano Cargas y Logística, presidida por Alejandro Núñez, que se encuentra en la etapa final previa a la publicación del pliego para el llamado a licitación nacional e internacional de todos sus servicios. En este caso, se descarta por ahora un recambio de autoridades, dado el avance del proceso licitatorio.
Nuevas autoridades designadas
En reemplazo de Boschín, Sebastián Giorgetti asumió la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones. Con más de 30 años de trayectoria en el sector ferroviario, inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde 2005 ocupó distintos cargos de coordinación, administración y dirección. En los últimos años se desempeñó como gerente general operativo y administrativo de la empresa.
Por su parte, Fabián González fue designado como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, organismo responsable de la planificación, administración y ejecución de obras ferroviarias en todo el país. Abogado y con experiencia en el ámbito judicial, González se desempeñó como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires y formaba parte del directorio de la empresa desde abril de 2025. En el último período había ocupado el cargo de secretario general de Trenes Argentinos Operaciones.

También renunció el titular de la UIF
Las rotaciones no se limitaron al área de Transporte. En las últimas horas también presentó su renuncia el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, quien dejó el cargo por “motivos personales”, según informó oficialmente el Ministerio de Justicia. En su lugar asumirá el licenciado Ernesto Gaspari.
Desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona destacaron el desempeño de Starc al frente del organismo. “Durante su gestión contribuyó a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes”, señalaron en un comunicado. Además, se informó que continuará colaborando con el Gobierno en nuevas funciones vinculadas a gestión financiera y consolidación institucional.
Fuentes oficiales indicaron que Starc pasaría a desempeñarse como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), manteniendo un vínculo estrecho con el equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, de quien depende políticamente el área.
Gaspari, en tanto, llega a la UIF por su cercanía con el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, considerado una figura de extrema confianza del entorno de la familia Caputo.
“No es una crisis”, aseguran en la Casa Rosada
Desde el entorno presidencial buscaron bajar el tono a la seguidilla de renuncias. “En Transporte hubo una decisión clara de hacer cambios sustanciales y eso generó varias salidas. En el caso de la UIF, se trata de una coincidencia temporal. No hay que verlo como una crisis de gestión”, explicó una fuente de la mesa chica del Presidente.
Según esa misma versión, Javier Milei considera que su Gabinete “está funcionando mejor que nunca” y que los recambios forman parte de una etapa de ajuste fino en áreas sensibles para avanzar con la agenda de reformas estructurales del Gobierno.
Mientras tanto, el recambio acelerado de funcionarios vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de áreas clave como Transporte, infraestructura ferroviaria y control financiero, en un momento en el que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones, reducir subsidios y avanzar en una profunda reorganización del Estado.



