Mientras el Gobierno defiende la reforma laboral como una herramienta para promover el empleo y modernizar el mercado de trabajo, distintos informes técnicos y sindicales advierten que el proyecto implicará un alto costo fiscal y una significativa pérdida de recursos para el Estado nacional y las provincias.
De acuerdo con estimaciones elaboradas por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el impacto total de las medidas incluidas en la iniciativa alcanzaría en 2026 el 1,278% del Producto Bruto Interno (PBI). En términos comparativos, esa cifra equivale a seis veces el costo de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el presidente Javier Milei por considerar que comprometía el equilibrio de las cuentas públicas.
Un proyecto con impacto sobre Nación y provincias
La reducción de contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y una serie de recortes impositivos previstos en el texto implican una resignación de ingresos no solo para el Estado nacional, sino también para las provincias, ya que varios de los tributos alcanzados forman parte del régimen de coparticipación federal.
En este contexto, la iniciativa genera preocupación en sectores sindicales y en parte de la oposición, que anticipan un debate intenso cuando el proyecto llegue al Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Debate legislativo y clima político
El tratamiento comenzará en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a obtener una media sanción hacia mediados de mes. Luego, la discusión pasará al Senado, un ámbito considerado más complejo para el Gobierno debido al peso de los gobernadores peronistas y de las organizaciones sindicales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ya manifestó su rechazo a varios puntos del proyecto y sigue de cerca la evolución de las negociaciones. En la Cámara alta se anticipa una pulseada más dura y la posibilidad de modificaciones al texto original antes de su eventual aprobación.
Reducción de aportes y desfinanciamiento previsional
Uno de los principales ejes del cuestionamiento es la rebaja de las contribuciones patronales, que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento de la Seguridad Social. Estos recursos se destinan al pago de jubilaciones y pensiones, al sostenimiento del PAMI y al financiamiento de las asignaciones familiares administradas por la Anses.
El proyecto propone reducir las contribuciones del 20,4% al 17,4% para empleadores del sector servicios y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Según los cálculos de Aefip, esta medida implicaría una pérdida de recaudación de 4,65 billones de pesos, equivalente a 0,462 puntos del PBI.
Especialistas recuerdan que políticas similares fueron aplicadas durante la década de 1990, bajo el argumento de mejorar la competitividad empresarial. Sin embargo, aquellas rebajas no generaron un aumento sostenido del empleo y terminaron siendo compensadas con subas impositivas, como el incremento del IVA.
Fondo de cese laboral y antecedentes históricos
Otro punto central es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar las indemnizaciones por despido. El esquema prevé que las empresas aporten mensualmente un porcentaje de la masa salarial a cuentas individuales a nombre de cada trabajador.
Aunque para los empleadores el impacto sería neutro ya que el aporte se compensa con una reducción adicional de contribuciones, para la Seguridad Social implicaría una nueva pérdida de recursos. Según Aefip, este mecanismo tendría un costo fiscal similar al de la rebaja inicial: otros 0,462 puntos del PBI.
El sistema recuerda al esquema de capitalización individual de las antiguas AFJP y busca evitar desembolsos elevados al momento del despido, trasladando el financiamiento al período previo de la relación laboral.
Cambios en indemnizaciones y período de prueba
La iniciativa también modifica la base de cálculo de las indemnizaciones, excluyendo componentes del salario como aguinaldo, vacaciones, horas extra, premios y comisiones. A esto se suma la extensión del período de prueba de tres a seis meses, con la posibilidad de llegar hasta doce meses en el caso de pequeñas y medianas empresas.
Este tipo de reformas ya tuvo antecedentes en gobiernos anteriores y fue posteriormente revertido, tras fuertes cuestionamientos por su impacto sobre la estabilidad laboral.
Rebajas impositivas que agravan el costo fiscal
Más allá de los cambios estrictamente laborales, el proyecto incorpora una serie de medidas de carácter tributario. Entre ellas, se incluye la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades: las grandes empresas pasarían de tributar del 35% al 31,5% y las pequeñas del 30% al 27%.
Además, se propone eliminar el Impuesto Cedular sobre determinadas rentas financieras y reducir parcialmente los impuestos internos en rubros como seguros, telefonía, vehículos y bienes suntuarios. En conjunto, estas medidas implicarían una pérdida adicional de recaudación de 2,77 billones de pesos, equivalentes a 0,275 puntos del PBI, más otros 0,042 puntos por la baja de impuestos internos.
También se prevé la eliminación de gravámenes sobre entradas de cine y videogramas y una reducción de un punto en los aportes patronales a las obras sociales, lo que representaría una merma adicional de 1,63 billones de pesos.
Cambios estructurales en las relaciones laborales
El proyecto incluye además modificaciones de fondo en la dinámica del mercado de trabajo: eliminación de multas por empleo no registrado, habilitación del “trabajador independiente con colaboradores”, ampliación de la jornada mediante bancos de horas, despidos con causa por bloqueos y negociaciones colectivas por empresa en lugar de por rama de actividad.
Estos puntos generan un fuerte rechazo sindical y abren un debate profundo sobre el equilibrio entre flexibilidad laboral, derechos de los trabajadores y sostenibilidad del sistema previsional.
Un debate con alto voltaje político
Con un costo fiscal estimado en 1,278% del PBI y un impacto directo sobre jubilaciones, salud y asignaciones familiares, la reforma laboral se perfila como una de las discusiones más sensibles del verano legislativo.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de un paso necesario para modernizar la economía y fomentar el empleo, la oposición y los sindicatos advierten que el proyecto podría derivar en un desfinanciamiento estructural del sistema de protección social y en una transferencia significativa de recursos desde el Estado hacia el sector privado.
El resultado de esta pulseada marcará no solo el rumbo del mercado laboral, sino también el equilibrio fiscal y social de los próximos años.
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