El Gobierno de Perú aprobó oficialmente la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela que conmocionó a la Argentina en 2022. Con esta decisión, el imputado será trasladado al país para enfrentar a la Justicia por los asesinatos de tres jóvenes.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente peruano José Enrique Jerí Oré y publicada el pasado 30 de enero en Lima. El documento da curso al pedido de extradición presentado por el Estado argentino en el marco de una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años.
Según se informó, la autorización de la extradición representa un paso decisivo para que el acusado sea juzgado en territorio argentino, donde ocurrieron los hechos y donde residen las familias de las víctimas, que desde hace años reclaman justicia.
Los crímenes que se le imputan
Tony Janzen Valverde Victoriano deberá responder ante la Justicia argentina por los femicidios de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20. Los asesinatos generaron una profunda conmoción social y dieron lugar a numerosas movilizaciones y manifestaciones en reclamo de esclarecimiento y condenas ejemplares.
La causa judicial califica los hechos como “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género”, en tres hechos diferenciados. Esta figura penal prevé una de las penas más severas contempladas por el Código Penal argentino, incluida la prisión perpetua.
Condiciones para concretar el traslado
La resolución del Gobierno peruano establece una serie de requisitos que deberán cumplirse antes de concretar la entrega del acusado. Entre ellos, se dispone que las autoridades judiciales de Perú verifiquen que Valverde Victoriano no tenga procesos penales pendientes ni condenas firmes en ese país. En caso de existir causas abiertas, la extradición quedaría suspendida hasta su resolución definitiva.
Además, el Estado argentino asumió el compromiso de computar el tiempo que el imputado permaneció detenido en Perú durante el trámite de extradición, una de las garantías exigidas para avanzar con la medida.
El documento oficial cuenta también con las firmas del ministro de Justicia de Perú, Walter Eleodoro Martínez Laura, y del canciller Hugo Claudio De Zela Martínez, lo que le otorga plena validez institucional y refuerza la cooperación judicial entre ambos países en causas vinculadas a delitos graves.
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