Con el período de sesiones extraordinarias en pleno desarrollo, el Congreso de la Nación se encamina a una semana de alto voltaje político y parlamentario. El oficialismo buscará avanzar con dos proyectos sensibles de la agenda impulsada por el presidente Javier Milei: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativas que prometen generar fuertes debates tanto dentro como fuera del recinto.
El primer desafío será este miércoles en el Senado, donde La Libertad Avanza intentará obtener la media sanción de la denominada modernización laboral. Si bien el proyecto ya cuenta con dictamen, aún persisten dudas entre los legisladores respecto de la letra fina del texto definitivo, que recién se conocerá al momento de la votación. La iniciativa apunta a introducir cambios en el esquema de contratación, indemnizaciones y modalidades de empleo, con el argumento de fomentar la creación de trabajo formal.
Un día después, el jueves, la atención se trasladará a la Cámara de Diputados, donde se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad y establecer un sistema penal específico para menores que cometan delitos graves. Se trata de una iniciativa que genera fuertes divisiones y que el oficialismo considera prioritaria en el actual contexto de debate sobre seguridad.
Los tiempos legislativos juegan un papel clave. En el oficialismo reconocen que el feriado extendido de Carnaval dejará prácticamente paralizada la actividad parlamentaria durante varios días, por lo que buscan capitalizar esta semana para sumar victorias políticas antes de ese parate. En ese marco, se aceleraron las negociaciones y se forzaron acuerdos con bloques aliados y dialoguistas.
En Diputados, el avance del Régimen Penal Juvenil se destrabó de manera sorpresiva la semana pasada, cuando los presidentes de los bloques cercanos al Gobierno aceptaron la propuesta del titular de la Cámara baja, Martín Menem, para llevar el proyecto al recinto. El texto que se debatirá es una versión que fue dictaminada en mayo del año pasado y que volvió a cobrar impulso tras un crimen ocurrido en Santa Fe que involucró a menores de edad inimputables.
Inicialmente, algunos sectores del oficialismo habían evaluado bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero esa alternativa no logró consenso ni siquiera dentro de los espacios aliados, incluido el PRO. Ante ese escenario, se optó por avanzar con el proyecto que fija el límite en 14 años, una postura que reúne mayores respaldos aunque sigue generando resistencias en sectores de la oposición.
La iniciativa establece además una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos de extrema gravedad y prevé un sistema escalonado de sanciones. La privación de la libertad quedaría reservada para los casos más graves y se cumpliría en institutos especializados, sin contacto con personas adultas, con un enfoque que combina castigo, contención y reinserción social.
Con ambos proyectos en agenda, el oficialismo se juega una semana clave para mostrar capacidad de gestión legislativa y sostener el ritmo de reformas en un Congreso fragmentado, donde cada votación se convierte en una pulseada política de final abierto.
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