El Gobierno nacional presentó este martes la versión definitiva del proyecto de reforma laboral que será tratada este miércoles en el Senado de la Nación. La iniciativa incorpora 28 modificaciones respecto del texto original y es el resultado de un acuerdo alcanzado entre el oficialismo y distintos bloques parlamentarios.
La presentación estuvo a cargo de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien brindó una conferencia de prensa y destacó el consenso logrado: “Un gran bloque de distintos partidos políticos ha alcanzado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”, afirmó.
El debate en el recinto está previsto para comenzar cerca del mediodía del miércoles. En paralelo, se espera una importante movilización en las inmediaciones del Congreso, encabezada por la CGT y acompañada por distintos gremios, partidos políticos y movimientos sociales que manifestaron su rechazo a la iniciativa.
Bullrich explicó que el dictamen final fue consensuado con 44 senadores de diferentes espacios políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales. “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”, subrayó.
“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los senadores que integramos este acuerdo. Es un dictamen que llega a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la senadora, quien remarcó que el objetivo central es modernizar el sistema laboral y generar un marco que incentive el empleo formal.
Uno de los puntos que el oficialismo considera clave es la limitación de la denominada “industria del juicio”. Según Bullrich, el actual sistema judicial laboral ha provocado el cierre de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. “Este capítulo define claramente qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a situaciones extremas en las que un juicio de 3 millones de pesos termina convirtiéndose en uno de 300 millones”, explicó.
En ese sentido, aseguró que el proyecto establece mecanismos de protección para reducir la litigiosidad y brindar previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, sin afectar derechos básicos.
Otro de los ejes destacados es la creación de un Fondo de Asistencia, pensado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas al finalizar una relación laboral. Según detalló Bullrich, este fondo se ajustará por IPC más un 3%. Además, aclaró que el proyecto delimita con mayor precisión qué conceptos se consideran beneficios sociales, con el objetivo de evitar que estos sean utilizados como base para nuevos reclamos judiciales.
Mientras tanto, durante la mañana del martes se reunió la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, en la antesala del debate legislativo. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
También estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien participó de manera más breve y se retiró antes que el resto de los funcionarios. Su presencia estuvo vinculada a las implicancias fiscales del proyecto, especialmente en relación con el controvertido artículo que modifica la percepción del impuesto a las Ganancias para las sociedades, una medida que impacta en la recaudación nacional y en los fondos que reciben las provincias por coparticipación.
La reunión de la mesa política se extendió por casi dos horas y, según trascendió, no se tomó una definición final sobre ese punto en particular. Desde el Gobierno aseguran que cuentan con los votos necesarios para avanzar con la media sanción en la votación general, aunque todavía se discute qué ocurrirá con algunos artículos que no lograron consenso pleno con la oposición.
En total, el oficialismo evalúa posibles cambios en cerca de 20 de los 182 artículos que componen el proyecto. Si bien habría acuerdo en la mayoría de las cuestiones técnicas, el mayor foco de tensión sigue siendo el capítulo vinculado a Ganancias, ya que varios gobernadores manifestaron su rechazo a cualquier medida que implique una reducción de fondos para las provincias.
Con este escenario, el Gobierno analiza alternativas que van desde una aplicación gradual de la baja del impuesto hasta la eliminación directa del artículo, en un intento por asegurar el acompañamiento necesario para avanzar con una de las reformas consideradas centrales dentro de su agenda legislativa.
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