El Senado de la Nación inició este miércoles el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas y negociaciones de último momento. El oficialismo consiguió reunir el quórum necesario para habilitar el tratamiento del proyecto y confía en avanzar hacia su aprobación con el respaldo de un grupo de gobernadores que garantizó la presencia de sus legisladores.
La sesión comenzó con ausencias significativas: los 28 senadores del interbloque Unión por la Patria no dieron quórum, incluidos los representantes de Santiago del Estero y los integrantes de Convicción Federal. Tampoco estuvieron presentes los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Aun así, La Libertad Avanza y sus aliados lograron habilitar el debate, en lo que representa la primera gran pulseada legislativa del año para el Poder Ejecutivo.
Para llegar al recinto, el Gobierno debió aceptar más de 20 modificaciones al texto original, tras semanas de negociaciones con mandatarios provinciales y distintos sectores. Uno de los principales reclamos de los gobernadores fue garantizar que no se afecten los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable que representa ingresos clave para las arcas provinciales. Según se aseguró, la reforma no implicará recortes en ese punto.
También los gremios consiguieron introducir cambios. Entre ellos, la preservación de los aportes patronales destinados a las obras sociales sindicales y la continuidad del aporte solidario. Sin embargo, persisten objeciones a otros aspectos de la iniciativa, lo que derivó en la convocatoria a movilizaciones frente al Congreso y protestas en distintos sectores para los próximos días.
El debate en el recinto se abrió con la exposición del miembro informante del oficialismo, quien calificó la iniciativa como una ley “trascendente” destinada a actualizar el régimen laboral y reducir la judicialización del sistema. Explicó que el bloque decidió dividir el tiempo de presentación para que dos senadores detallaran los cambios incorporados desde diciembre, los cuales —según indicó— surgieron de consultas con más de 1.500 organizaciones sindicales, empresariales y de distintos ámbitos.
El inicio estuvo marcado por un cruce reglamentario. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó que el miembro informante cediera la palabra sin un pedido formal y advirtió que se estaba alterando el procedimiento. Superada la discusión, el oficialismo retomó la defensa del proyecto, al que definió como una “modernización laboral” que mantiene principios fundamentales como la protección del trabajador, el in dubio pro operario y el carácter de orden público de los derechos laborales.
Desde la oposición peronista, en tanto, reiteraron su rechazo y advirtieron sobre el impacto de la reforma. Mayans sostuvo que se trata de “una ley que dice que es laboral, pero es contra los trabajadores” y afirmó que el texto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales vigentes. Según su postura, la iniciativa afecta la jornada laboral, los salarios, las horas extras, la capacitación y el régimen de indemnizaciones.
El senador también relativizó el argumento oficial sobre la litigiosidad laboral, al señalar que, sobre un universo de aproximadamente 14 millones de trabajadores, existen alrededor de 300 mil juicios, cifra que consideró baja en términos proporcionales. Además, acusó al Poder Ejecutivo de ejercer presión sobre los gobernadores para garantizar apoyos y advirtió que la reforma podría tener consecuencias negativas para las provincias en un contexto de ajuste y recorte de recursos nacionales.
El oficialismo, por su parte, sostiene que la legislación vigente responde a una realidad económica de décadas atrás y que el nuevo marco normativo permitirá dinamizar el mercado de trabajo, fomentar la formalización y dar mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores. En un escenario de paridad ajustada, el rol de los senadores alineados con los gobernadores será determinante para el resultado final de la votación.
La sesión se desarrolla en un clima de alta expectativa política y social, con el Congreso convertido nuevamente en el epicentro de una discusión que impacta de lleno en el mundo del trabajo y en el equilibrio fiscal de las provincias. Durante toda la jornada se esperan intervenciones de los distintos bloques antes de que el proyecto sea sometido a votación en el recinto.
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