Luego de las protestas policiales en Santa Fe, que obligaron a reforzar la seguridad en Rosario y el Gran Rosario con efectivos federales, el Gobierno nacional evalúa avanzar en una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad. La medida se encuentra en análisis interno y dependerá de la disponibilidad presupuestaria y la aprobación del Ministerio de Economía.
El conflicto se desactivó tras el anuncio del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, de otorgar un aumento salarial a la policía provincial, lo que permitió destrabar la protesta. En ese contexto, el Ejecutivo nacional resolvió mantener por algunas horas más el operativo de refuerzo, aunque prevé retirarlo progresivamente en función de la normalización de la situación.
El despliegue extraordinario incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Durante los días de tensión, las fuerzas federales ampliaron su cobertura de ocho a 16 zonas consideradas críticas en Rosario y su área metropolitana, en el marco del Plan Bandera, estrategia implementada para combatir el delito en puntos de alta conflictividad.
Según fuentes oficiales, los refuerzos provinieron de unidades de reserva que ya se encontraban en la ciudad y trabajaron con una fuerte sobrecarga operativa. Una vez que la situación termine de estabilizarse, los efectivos recibirán dos días de descanso compensatorio y el pago correspondiente por horas extra. “Todas las unidades estuvieron en la calle”, reconocieron desde el entorno gubernamental.
Sin embargo, el episodio encendió alertas dentro del oficialismo. En la Casa Rosada admiten que la relación con las fuerzas de seguridad atraviesa un momento sensible y que la cuestión salarial es uno de los puntos más delicados. En distintos despachos se analiza la posibilidad de una recomposición en el mediano plazo, en línea con el esquema que también se evalúa para las Fuerzas Armadas.
La definición final dependerá del aval del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, ya que cualquier mejora salarial requiere disponibilidad de fondos en un contexto de fuerte ajuste fiscal. “Sabemos que es un tema que tenemos que abordar, pero necesitamos la aprobación presupuestaria”, reconocen en el oficialismo.
El malestar dentro de las fuerzas federales no es nuevo y se manifestó recientemente con la protesta de un suboficial de la Policía Federal que se encadenó frente a la Casa Rosada para reclamar por mejoras salariales y condiciones laborales.
La decisión de comenzar a retirar el refuerzo en Santa Fe se sustenta en el compromiso del gobierno provincial de recomponer salarios, revisar sanciones administrativas y restablecer los niveles habituales de operatividad policial. No obstante, en el entorno presidencial persiste la preocupación por un posible “efecto contagio” en otras provincias.
De hecho, varios gobernadores habrían mantenido contactos con funcionarios nacionales ante el temor de que reclamos similares se reproduzcan en sus jurisdicciones. El antecedente de levantamientos policiales en distintos distritos del país sigue presente en el análisis político. “No puede escalar”, señalan cerca del Presidente.
En ese escenario, el Gobierno nacional busca equilibrar la necesidad de sostener la disciplina institucional y el orden público con el reconocimiento de las demandas salariales de las fuerzas, en un contexto económico que continúa siendo restrictivo para el gasto público.
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