La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que establece, entre sus principales modificaciones, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser debatido en el Senado.
El oficialismo logró reunir el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. En tanto, el bloque peronista votó en contra en general y se mantuvo unido en el rechazo, aunque en la votación en particular algunos legisladores del Frente Renovador acompañaron la baja de la edad de punibilidad, argumentando que se trata de una postura histórica del espacio.
Cambios centrales del proyecto
El nuevo régimen no solo fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad, sino que también establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos agravados, abusos sexuales y secuestros.
Para delitos cuya pena sea inferior a los 10 años, se contemplan medidas alternativas a la prisión, entre ellas:
- Amonestaciones
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Reparación integral del daño
- Prohibición de concurrir a determinados lugares
- Inhabilitación para conducir vehículos
El texto aprobado pone especial énfasis en la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados, garantizando el derecho a la educación, atención médica y tratamiento de adicciones. Además, establece que todo el personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia y prohíbe de manera expresa cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.
También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con la intervención obligatoria de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima.
Rol de las víctimas y financiamiento
Uno de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento formal de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La norma garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias clave del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.
Durante el debate estuvieron presentes en los palcos familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos integrantes de Madres del Dolor y representantes de organizaciones como Usina de Justicia.
En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo que contempla una partida presupuestaria de $23.739.155.303 para la implementación del régimen. De ese total, $3.131.996.784 serán destinados al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación. La inclusión de este punto respondió a planteos de gobernadores, que advirtieron que no acompañarían la iniciativa si el costo recaía exclusivamente en las provincias.
El debate político
Al abrir el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la ley vigente, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa ni repara”, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales suscriptos por la Argentina pero nunca plasmados en una normativa específica.
Desde la oposición, el dirigente social Juan Grabois cuestionó el enfoque del proyecto y señaló que el problema de fondo no se resuelve con la baja de la edad. “La edad la pueden bajar a cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, expresó, al tiempo que reclamó políticas integrales vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.
En la misma línea, el diputado Juan Carlos Molina planteó que el debate debería centrarse en mejorar la educación, fortalecer el sistema de salud y ampliar los espacios deportivos y comunitarios.
Por su parte, el libertario Santiago Santurio defendió la iniciativa al afirmar que, si bien no es una solución definitiva, constituye “una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves y a las víctimas”, y sostuvo que el Estado debe garantizar que esos hechos no queden impunes.
Desde sectores dialoguistas, Miguel Ángel Pichetto consideró que la baja a 14 años es una medida acorde a estándares internacionales, aunque advirtió que sin inversión real en infraestructura y educación podría resultar insuficiente.
Con la media sanción obtenida, el oficialismo buscará ahora avanzar en el Senado para convertir el proyecto en ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
¿Cómo votaron los diputados entrerrianos la baja de la edad de imputabilidad a 14 años?
Los nueve diputados nacionales por Entre Ríos estuvieron presentes en la sesión en la que la Cámara baja otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. El proyecto fue aprobado con 149 votos afirmativos y 100 negativos.
En la delegación entrerriana no hubo grandes sorpresas y la votación reflejó el posicionamiento de cada espacio político.
A favor de la iniciativa se pronunciaron los libertarios Beltrán Benedit y Andrés Laumann; el radical Darío Schneider; y los dirigentes del PRO Alicia Fregonese y Francisco Morchio.
En contra votaron los justicialistas Blanca Osuna, Marianela Marclay y Gustavo Bordet, quienes rechazaron el proyecto en línea con la postura mayoritaria del bloque peronista.
Un caso particular fue el de Guillermo Michel. El diputado del peronismo votó en contra en la votación en general, pero acompañó en particular el artículo que habilita la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Michel ya había anticipado su posición, al sostener que, desde su perspectiva, un joven de 14 años puede comprender la gravedad de sus actos y, en consecuencia, cumplir una pena de prisión si comete un delito de manera consciente.
El debate sobre la reforma fue incorporado por el Poder Ejecutivo al temario de sesiones extraordinarias a fines de enero, en un contexto de fuerte conmoción pública tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. La madre del joven asesinado por un grupo de menores estuvo presente en el recinto durante la sesión.
Cabe recordar que en julio de 2024 el Gobierno había enviado un primer proyecto que proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Esa iniciativa obtuvo dictamen en mayo de 2025, pero perdió estado parlamentario tras la renovación de la Cámara. El texto finalmente aprobado redujo la edad a 14 años y ahora deberá ser tratado en el Senado.
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