El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial, en el marco de una política de actualización de ingresos destinada a reforzar el reconocimiento económico a las fuerzas de seguridad.
La medida consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que viene percibiendo el personal. A partir de febrero de 2026, ese adicional será de 200.000 pesos para los agentes con menor antigüedad y alcanzará un máximo de 350.000 pesos, de acuerdo con la escala jerárquica correspondiente.
Según se informó oficialmente, la actualización impacta en los códigos 286 —que perciben todos los agentes de la Policía por riesgo y peligrosidad— y 244 —correspondiente a oficiales con cargos jerárquicos o funciones de conducción—. Con este incremento, un agente con un año de antigüedad pasará a percibir un salario total estimado de 1.302.000 pesos.
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, señaló que la decisión “reafirma el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.
Desde el área económica, el ministro Fabián Boleas destacó que la medida “supone un esfuerzo significativo en función de las posibilidades actuales de la Provincia”, y remarcó que se enmarca en una política de reconocimiento a la labor diaria que desarrollan las fuerzas de seguridad en todo el territorio entrerriano.
Alcance para personal retirado y próximas paritarias
La actualización salarial también contempla a los pasivos de ambas fuerzas provinciales. En ese sentido, se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos para jubilados y pensionados, que comenzará a abonarse a partir de febrero de 2026.
Por otra parte, el ministro Boleas adelantó que el Gobierno provincial convocará en los próximos días a paritarias para discutir los incrementos salariales del resto de la administración pública, en un contexto económico marcado por restricciones presupuestarias y la necesidad de recomposición progresiva de los ingresos estatales.
Con esta decisión, el Ejecutivo provincial busca dar una señal de respaldo a las fuerzas de seguridad, en un escenario donde la cuestión salarial y las condiciones laborales ocupan un lugar central en la agenda pública.
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