La interna en la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo capítulo luego de que su vicepresidente, Ricardo García, saliera al cruce del informe elaborado por el síndico Pablo Giampaolo. El documento, elevado al Poder Ejecutivo provincial, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas, fue calificado por el funcionario como “una burda operación política” y una “manipulación malintencionada de datos”.
García cuestionó con dureza el contenido del escrito y aseguró que contiene errores técnicos “graves”, además de conclusiones que según afirmó no se sostienen en balances cerrados ni en documentación contable aprobada. En ese sentido, sostuvo que el único elemento formal sobre el cual pudo haberse basado el síndico es el balance correspondiente al ejercicio 2024.
El balance 2024 y la intervención
De acuerdo a lo expresado por el vicepresidente, el balance 2024 refleja la gestión del anterior directorio y expone “un déficit fuera de control y un pasivo millonario difícil de revertir”. En esa línea, consideró que ese ejercicio contable justificó la decisión adoptada por el gobernador Rogelio Frigerio de intervenir la obra social.
“La primera parte del informe describe correctamente el escenario heredado y evidencia el desmanejo económico que existía. Incluso, sin proponérselo, termina justificando la intervención”, afirmó García, quien remarcó que la actual conducción trabaja desde entonces en un proceso de reordenamiento financiero y administrativo.
Críticas al análisis del ejercicio 2025
El eje más fuerte de los cuestionamientos se centró en la evaluación del ejercicio 2025. García señaló que ese balance aún no está cerrado y que el organismo tiene plazo legal hasta el 30 de abril de 2026 para su presentación ante el Tribunal de Cuentas.
“No se puede arribar a conclusiones sobre un balance que todavía no está finalizado”, sostuvo. Además, indicó que el informe incurre en errores metodológicos al mezclar variables económicas con variables financieras, lo que —según su interpretación— desvirtúa cualquier análisis técnico serio.
El vicepresidente insistió en que las afirmaciones difundidas carecen de sustento documental formal y que, hasta tanto no se encuentren cerrados y aprobados los estados contables correspondientes, cualquier evaluación resulta prematura.
Cuestionamientos al accionar institucional
Otro de los puntos que marcó García fue que las supuestas irregularidades no fueron planteadas previamente en el ámbito institucional. Según explicó, el síndico participó de las reuniones de directorio y tuvo acceso a información y dependencias del organismo.
“Desde que fue designado tuvo todas las puertas abiertas. Nunca expresó observaciones de este tenor en las reuniones ni dejó constancia en actas”, afirmó. Asimismo, señaló que la conducción tomó conocimiento público del contenido del informe sin haber recibido previamente una presentación formal interna con esas conclusiones.
Posible evaluación de conducta
Consultado sobre eventuales medidas, García confirmó que se analizará la conducta del síndico por considerar que se trata de “un hecho grave”. No obstante, aclaró que el objetivo no es perseguir ni amenazar, sino garantizar que cada funcionario cumpla el rol que le asigna la ley.
“El síndico tiene la función de ejercer un control técnico y velar por la transparencia. Si alguien quiere hacer política está en su derecho, pero no puede utilizar un cargo de confianza para ese fin”, expresó.
Defensa de la institución
Desde la conducción remarcaron que no pueden naturalizar la difusión de datos que según sostienen afectan la imagen de la obra social y generan incertidumbre entre los afiliados. García reiteró que la situación heredada era compleja, con un déficit significativo y pasivos importantes, pero aseguró que se avanzó en medidas de ordenamiento.
“La evaluación de la gestión debe basarse en datos oficiales, documentados y cerrados. El balance 2025 será presentado en tiempo y forma ante el Tribunal de Cuentas”, subrayó.
La controversia en torno a la situación financiera de la Obra Social de Entre Ríos continúa generando repercusiones en el ámbito político provincial, mientras la actual conducción ratifica su decisión de sostener la intervención y defender la legalidad de su administración.
Acerca del autor
