Los Tribunales Orales Federales de Paraná y Concepción del Uruguay afrontan una agenda cargada con procesos por tráfico de cocaína y marihuana. Hay acusados que habrían dirigido las maniobras desde unidades penales y otros señalados por mover cargamentos desde el Delta y Buenos Aires hacia la provincia.
El año judicial comienza con fuerte intensidad en los tribunales federales entrerrianos. En las próximas semanas se pondrán en marcha debates orales de alto impacto vinculados al narcotráfico, con decenas de procesados acusados de integrar organizaciones dedicadas al comercio y distribución de estupefacientes en distintas ciudades de la provincia e incluso desde el interior de cárceles.
Dos facciones investigadas en Victoria y Paraná
El 19 de febrero está previsto el inicio de un juicio en el Tribunal Oral Federal de Paraná por una causa que se tramitó en el Juzgado Federal de Victoria. La investigación, iniciada en abril de 2023 por la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos, expuso el funcionamiento de una estructura dedicada a la venta de marihuana y cocaína en Victoria.
Con el avance de las tareas de inteligencia y las intervenciones telefónicas, los investigadores concluyeron que la organización operaba dividida en dos ramas. Una de ellas tenía como eje la Unidad Penal Nº 5, desde donde Jonathan Luque habría coordinado la logística de transporte de droga desde Paraná hacia Victoria para su fraccionamiento y posterior comercialización.
En este tramo de la causa fueron procesadas ocho personas. Luciano Torres y Ayelén Montojo aparecen señalados como piezas clave en el escalón operativo inmediato al líder. Según la acusación, recibían los cargamentos, los fraccionaban y los distribuían desde un domicilio conocido como “La Cueva”, donde se incautó la mayor cantidad de estupefacientes.
Jorge Sebastián Andino es sindicado como transportista y proveedor. Las vigilancias lo ubican realizando viajes periódicos desde Paraná para entregar bultos con droga y retirar dinero en efectivo. Carlos Alberto Torres fue imputado como financista y encargado de resguardar el producido de la actividad ilícita: en su vivienda se secuestraron casi cinco millones de pesos.
También fueron procesadas Mirta Alejandra Rossi y Magdalena Brassesco, acusadas de venta al menudeo y de guardar la droga. Escuchas telefónicas las vincularon con la comercialización de “panes” de marihuana. Carlos Mariano Torres y Mateo Jeremías Torres, hermanos de Luciano, están imputados como vendedores y colaboradores en el fraccionamiento; en uno de los allanamientos se hallaron balanzas digitales y picadores.
La segunda facción identificada en el expediente era liderada por Juan Alexis Millen, detenido en la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay. Según la hipótesis fiscal, su grupo operaba principalmente en el barrio Las Flores de Paraná y mantenía actividad dentro del penal. Junto a él fueron imputados Priscila Millen, Facundo Millen y Paola Busto. La investigación determinó que, aunque inicialmente ambas ramas parecían integradas en una sola estructura, con el tiempo consolidaron circuitos diferenciados.
El golpe final a la organización se produjo el 19 de diciembre de 2024, cuando múltiples allanamientos simultáneos permitieron secuestrar más de nueve kilos de marihuana, 815 gramos de cocaína, balanzas de precisión, elementos de corte y más de cinco millones de pesos en efectivo.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general José Ignacio Candioti, analiza la posibilidad de acuerdos abreviados para quienes habrían tenido roles secundarios, mientras que los presuntos jefes enfrentarían debate oral pleno.
El juicio contra Leonardo Airaldi
Otro de los procesos más relevantes comenzará el 24 de febrero en el Tribunal Oral Federal de Paraná contra el productor agropecuario Leonardo Airaldi y otras 13 personas. El tribunal rechazó un recurso de la defensa y dejó firme la acumulación de dos causas: una tramitada en Entre Ríos y otra en Santa Fe.
En total se prevén ocho audiencias y la declaración de 51 testigos. La acusación sostiene que Airaldi habría participado en una organización que traficaba cocaína en Diamante y Paraná, y que además estaría vinculado al hallazgo de 30 kilos de cocaína en la vivienda de un puestero suyo en Puerto Gaboto, Santa Fe.
Según la hipótesis fiscal, los cargamentos llegaban desde Paraguay en embarcaciones o aeronaves y eran descargados en zonas del Delta, donde se habrían utilizado campos e infraestructura rural para facilitar la operatoria, en presunto acuerdo con organizaciones radicadas en Rosario.
Junto a Airaldi están acusados Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher. También en este caso se evalúan posibles acuerdos para imputados considerados eslabones menores.
La banda liderada desde prisión por Wilber Figueroa Lagos
En abril, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay iniciará el juicio contra una organización encabezada por Wilber Figueroa Lagos, quien ya había sido condenado en la causa conocida como “Narcomunicipio”.
La investigación se originó tras información aportada por Gendarmería Nacional Argentina sobre ventas de droga en Concepción del Uruguay. Las pesquisas derivaron en la detección de una estructura que se abastecía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, trasladando la sustancia hacia Entre Ríos para su distribución.
De acuerdo con la imputación, Figueroa Lagos habría organizado y financiado las maniobras desde la Unidad Penal Nº 1 del Servicio Penitenciario provincial. Entre sus funciones se le atribuye planificar viajes de “mulas”, coordinar la logística y administrar el dinero.
En noviembre de 2023 se interceptó un colectivo de larga distancia en el que viajaban dos imputadas con poco más de un kilo de cocaína, lo que desencadenó allanamientos y detenciones. Una de las acusadas se fugó a Perú y fue detenida en mayo de 2025; la Justicia federal tramitó un pedido formal de extradición.
Tribunales con vacantes y agenda recargada
Ambos tribunales orales federales de la provincia funcionan actualmente con tres magistrados, tras las jubilaciones de Lilia Carnero y Roberto López Arango, sin que aún se hayan designado reemplazantes. En algunos debates se integran jueces de otras jurisdicciones para completar el tribunal.
Con múltiples procesos en marcha, pedidos de juicio abreviado y debates extensos con decenas de testigos, el inicio del año judicial en Entre Ríos estará marcado por causas de narcotráfico que exponen redes con ramificaciones territoriales y operaciones que, según la acusación, llegaron a sostenerse incluso desde el interior de unidades penitenciarias.
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