La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a un paro general de 24 horas sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Reforma Laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado. La medida de fuerza podría concretarse este jueves 19 o el miércoles 25, según cómo avance el cronograma legislativo.
La decisión fue adoptada este lunes feriado en una reunión virtual encabezada por los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio), quienes recogieron el planteo de distintos dirigentes sindicales que reclamaban una respuesta más contundente frente al avance de la iniciativa oficialista.
Desde la central sindical señalaron que las expresiones públicas y movilizaciones realizadas en las últimas semanas no lograron frenar el tratamiento del proyecto, por lo que consideraron necesario profundizar las medidas de acción directa. En ese marco, el paro general aparece como una señal política fuerte hacia el Congreso y el Gobierno nacional.
Uno de los factores que podría potenciar el impacto de la huelga es la posible adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Si el gremio del transporte confirma su participación, la medida tendría un alcance mucho mayor, afectando especialmente la circulación en las principales ciudades del país.
Los puntos más cuestionados
La CGT manifestó su rechazo “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral, al que calificó como “regresivo y perjudicial para los trabajadores”. Entre los artículos más criticados figura el que habilita una reducción salarial de entre el 25 y el 30 por ciento durante licencias médicas, una disposición que —según sostienen— vulnera derechos adquiridos y genera un fuerte retroceso en materia de protección laboral.
También expresaron preocupación por los cambios propuestos en el régimen de indemnizaciones, la flexibilización de la jornada laboral, las modificaciones en el esquema de vacaciones y la regulación del derecho de huelga, que consideran un intento de limitar la capacidad de protesta de los trabajadores.
Desde el oficialismo se introdujeron algunas modificaciones con el objetivo de asegurar los votos necesarios en Diputados. Sin embargo, para la central obrera esos cambios no alteran el espíritu general del proyecto, al que consideran contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Posible batalla judicial
En un documento interno, la CGT anticipó que, en caso de aprobarse la ley, avanzará con una estrategia judicial para impugnar distintos artículos. Los equipos legales de la central ya trabajan en los argumentos técnicos que podrían convertirse en el eje de futuras presentaciones ante la Justicia.
Mientras tanto, el escenario político y sindical suma tensión en la antesala de un debate clave en la Cámara baja. El paro general, aunque sin movilización, se perfila como una nueva muestra del clima de confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado.
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