El Gobierno nacional intensificó las negociaciones políticas para garantizar la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, aunque reconoce que el artículo vinculado a las licencias médicas se convirtió en el principal foco de tensión. En la recta final de las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada apuesta a sostener el núcleo del proyecto sin que deba regresar al Senado, mientras explora mecanismos alternativos para descomprimir la polémica.
Desde que el Poder Ejecutivo prorrogó las extraordinarias hasta el 28 de febrero, se activó una ronda permanente de contactos entre funcionarios, legisladores oficialistas y bloques aliados. El objetivo es evitar que el debate por el artículo 44 —que modifica el régimen de pago durante enfermedades o accidentes inculpables— altere el cronograma legislativo o introduzca cambios que obliguen a un nuevo trámite parlamentario.
La estrategia es coordinada desde la mesa política que rodea al presidente Javier Milei, con participación de Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, el estratega Santiago Caputo y el ministro del Interior Diego Santilli. También intervienen el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, una de las principales defensoras públicas del capítulo cuestionado.
El nudo del conflicto: el artículo 44
El punto más controvertido es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado en el Senado establece que, en caso de enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% o el 75% de su salario según las circunstancias durante un período determinado, en lugar del 100% que rige actualmente.
Para el oficialismo, la reforma corrige distorsiones que, aseguran, fomentan el ausentismo y la litigiosidad laboral. Según datos que manejan en el Ejecutivo, el ausentismo en el sector privado ronda el 15% y genera altos costos para las empresas formales. Además, sostienen que el régimen argentino es más amplio que el de varios países europeos.
En cambio, sindicatos y sectores de la oposición consideran que se trata de un retroceso en derechos adquiridos. La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que el cambio afecta garantías básicas y anticipó que podría convocar a un paro general si no se introducen modificaciones.
La “diagonal” que analiza la Casa Rosada
Ante las resistencias, el Ejecutivo evalúa alternativas para evitar cambios formales en el texto ya aprobado por el Senado. La opción que concentra mayor consenso es dictar un decreto reglamentario que precise criterios médicos y garantice el pago pleno en casos de enfermedades graves, crónicas o irreversibles debidamente acreditadas.
También se analiza impulsar una ley complementaria específica sobre el artículo 44, aunque esa vía implicaría reabrir el debate parlamentario. La tercera posibilidad aceptar cambios directos en Diputados es la menos deseada, ya que obligaría a devolver el proyecto al Senado y retrasar su sanción definitiva.
Aliados clave y negociación abierta
La Unión Cívica Radical (UCR) cumple un rol central. Si bien acompaña en términos generales la reforma, reclama una solución clara respecto del régimen de licencias médicas. El PRO, por su parte, respalda la iniciativa aunque plantea ajustes propios, como habilitar el cobro de salarios a través de billeteras virtuales.
En tanto, sectores del peronismo no kirchnerista mantienen una postura expectante. Algunos bloques evalúan facilitar el quórum y abstenerse en artículos puntuales para no bloquear el proyecto, pero tampoco asumir el costo político completo de su aprobación.
Presión sindical y clima de tensión
En paralelo, la CGT y otros gremios intensificaron su presión pública. Dirigentes como Cristian Jerónimo y Jorge Sola anticiparon que están dadas las condiciones para avanzar hacia una huelga nacional si el artículo no se modifica. La eventual adhesión de la Unión Tranviarios Automotor podría afectar el transporte durante el debate.
En la Casa Rosada relativizan el impacto de una medida de fuerza, aunque admiten que una protesta masiva podría influir en legisladores indecisos. Por eso, la prioridad es cerrar acuerdos antes de que el proyecto llegue al recinto.
Para Milei, la reforma laboral es una pieza estructural de su programa económico: apunta a reducir la informalidad que supera el 40% y estimular la creación de empleo formal. El Presidente busca llegar al 1° de marzo, cuando abrirá las sesiones ordinarias del Congreso, con esta ley aprobada como señal política y económica.
El escenario, sin embargo, es de equilibrio delicado. El oficialismo asegura que cuenta con los votos necesarios, pero reconoce que el margen es ajustado y que cualquier modificación podría alterar el calendario legislativo. La negociación continúa contrarreloj.
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