La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La medida de fuerza se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto y anticipa una paralización total del transporte público de pasajeros en todo el territorio argentino.
La decisión fue ratificada tras una reunión virtual del Consejo Directivo de la CGT y representa el cuarto paro general dispuesto por la central obrera durante la gestión del presidente Javier Milei. El eje del reclamo sindical está centrado en los cambios que propone la reforma laboral, particularmente en los puntos que, según sostienen, afectan derechos adquiridos de los trabajadores.
Sin colectivos, trenes, subtes ni taxis
Con la adhesión de la UTA, se confirmó que no circularán colectivos urbanos ni de media y larga distancia durante la jornada de protesta. La determinación del gremio que conduce Roberto Fernández era clave para asegurar el alcance nacional del paro, ya que el transporte automotor de pasajeros constituye uno de los servicios esenciales que mayor impacto genera en la vida cotidiana.
En el último paro general, algunos servicios habían funcionado debido a que el sindicato se encontraba bajo conciliación obligatoria por un conflicto salarial. En esta oportunidad, la conducción del gremio resolvió acompañar la decisión de la CGT y garantizar la paralización total.
La medida afectará tanto la circulación urbana como interurbana y complicará el traslado de trabajadores, estudiantes y usuarios en todo el país.
Fuerte adhesión del sector transporte
La protesta no se limita al transporte automotor. También confirmaron su participación la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, el gremio de maquinistas encabezado por Omar Maturano.
A su vez, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, ratificó su adhesión. Esta organización agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y trabajadores del subte, ampliando el alcance de la medida a sectores estratégicos como el transporte de cargas, la actividad portuaria y el transporte aéreo.
Por su parte, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) difundió un comunicado en el que sostuvo que “el día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, en defensa del derecho a huelga y de los puestos de trabajo.
Entre los gremios que integran estos espacios y confirmaron su adhesión se encuentran trabajadores ferroviarios, personal jerárquico del sector, señaleros, conductores de taxis, remiseros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y recolectores de residuos, entre otros. El paro impactará tanto en el transporte de pasajeros como en distintas actividades vinculadas a la logística y los servicios.
El artículo 44, en el centro de la polémica
El principal punto de conflicto es el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que introduce modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.
Según el texto aprobado en el Senado, los trabajadores en esa situación percibirían el 50% del salario, con la posibilidad de alcanzar el 75% si se demuestra que la enfermedad no fue producto de una acción voluntaria ni de un riesgo previamente conocido. Para la CGT, esta disposición implica un retroceso en materia de derechos laborales y vulnera garantías constitucionales.
Desde el sindicalismo sostienen que la norma altera principios históricos de protección al trabajador y cuestionan que no haya sido discutida en el marco de un proceso tripartito, tal como establecen convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
Respuesta del Gobierno y tensión política
Desde el Ejecutivo reconocen que el artículo genera controversia y analizan posibles ajustes en la reglamentación para facilitar la aprobación definitiva del proyecto. Sin embargo, defienden la necesidad de introducir cambios para combatir abusos en el sistema de licencias.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente la iniciativa al señalar que existen irregularidades en la emisión de certificados médicos y que es necesario establecer controles más estrictos, aunque admitió que podrían contemplarse excepciones para enfermedades graves.
En paralelo, sectores dialoguistas del sindicalismo también expresaron reparos sobre el alcance del artículo, lo que refleja la amplitud del debate que atraviesa la discusión parlamentaria.
Advertencias y posible judicialización
La CGT advirtió que, de aprobarse la reforma sin modificaciones sustanciales, podría recurrir a la Justicia para impugnar algunos artículos. El rechazo no se limita al régimen de licencias, sino que abarca también cambios en el sistema indemnizatorio, la implementación del banco de horas, modificaciones en vacaciones y asambleas sindicales, y eventuales restricciones al derecho de huelga en servicios considerados esenciales.
Asimismo, el Frente de Sindicatos Unidos integrado por la UOM, ATE, el Sindicato de Aceiteros y las dos CTA ya anunció que acompañará la jornada con una movilización al Congreso, en el marco del debate legislativo.
Con la adhesión plena del transporte y de amplios sectores gremiales, el paro general se perfila como una de las medidas de fuerza de mayor impacto del año. La jornada promete alterar de manera significativa la actividad económica y la movilidad en todo el país, en un contexto de fuerte confrontación política y sindical en torno al rumbo de la reforma laboral.
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