El Gobierno nacional confirmó que descontará el día de trabajo a los empleados públicos que se sumen al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, jornada en la que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.
Desde la Casa Rosada señalaron que la decisión busca “garantizar el normal funcionamiento del Estado” y advirtieron que aquellos trabajadores que no concurran a sus puestos o no cumplan funciones durante la medida de fuerza sufrirán el descuento correspondiente en sus haberes. “Pueden adherirse, pero el día no trabajado será descontado”, indicaron fuentes oficiales.
La postura del Ejecutivo se da en el marco del avance legislativo de la iniciativa promovida por La Libertad Avanza, que busca dictaminar el proyecto en comisión para llevarlo al recinto en una sesión clave. En caso de concretarse el cronograma parlamentario, la central obrera avanzará con una huelga nacional que tendrá impacto en todo el país.
Transporte paralizado y reorganización de servicios
A diferencia de otras protestas recientes, en esta oportunidad los gremios del transporte confirmaron su adhesión, por lo que no habrá colectivos, trenes ni subtes durante 24 horas. La medida afectará la movilidad en los principales centros urbanos y complicará el traslado de trabajadores a sus lugares de empleo.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que cada organismo deberá reorganizar su funcionamiento interno para asegurar la prestación de servicios esenciales y remarcaron que la ausencia por adhesión al paro no será considerada justificada.
En el ámbito sindical, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, confirmó que acompañará la huelga, aunque no participará de movilizaciones callejeras. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una protesta frente al Congreso durante el debate parlamentario.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la presencia en las calles será determinante para expresar el rechazo al proyecto y cuestionó el tratamiento legislativo. Según afirmó, la presión social resulta clave en instancias donde se discuten modificaciones estructurales al régimen laboral.
El eje del conflicto: licencias y convenios
Uno de los puntos que encendió la convocatoria sindical fue la reforma del régimen de licencias médicas, contemplada en uno de los artículos del proyecto original. Tras la controversia generada, el oficialismo anunció que introducirá cambios en ese apartado durante el tratamiento en comisiones.
No obstante, desde la CGT advierten que las diferencias exceden ese punto. Rodríguez señaló que también generan preocupación la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de que los convenios por empresa prevalezcan sobre los de actividad y la regulación de las asambleas en los lugares de trabajo.
Para el sindicalismo, estos aspectos implican un retroceso en derechos laborales adquiridos. Desde el Gobierno, en cambio, argumentan que la reforma apunta a modernizar el marco normativo y promover la generación de empleo formal.
Tensiones internas y clima político
La convocatoria al paro también dejó al descubierto matices dentro del propio movimiento obrero. Mientras sectores alineados con la conducción cegetista respaldaron la medida, otros dirigentes cuestionaron la modalidad elegida y reclamaron una estrategia más contundente.
Con el Congreso como escenario central y el transporte paralizado, la jornada del jueves se perfila como un nuevo capítulo de alta tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales. El descuento salarial anunciado por el Gobierno suma un elemento adicional al conflicto, en una semana decisiva para el futuro de la reforma laboral.
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