El Gobierno nacional resolvió la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan, diez de los cuales se desempeñaban como delegados sindicales, luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados a raíz de la toma de oficinas de la Dirección Médica, ocurrida el 31 de octubre de 2025 en el marco de un conflicto gremial.
La medida fue adoptada tras concluir el proceso administrativo que investigó el ingreso y la permanencia de delegados sindicales y una trabajadora en áreas directivas del hospital, durante una protesta vinculada a descuentos salariales aplicados por días no trabajados a raíz de medidas de fuerza. La decisión fue comunicada oficialmente por las autoridades de la institución.
De acuerdo a la información oficial, el conflicto se originó cuando la conducción del hospital notificó que no se abonarían los días correspondientes a jornadas de paro. Ese mismo día, delegados de distintas organizaciones gremiales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica y ocuparon el sector, interrumpiendo el normal funcionamiento institucional.
Según la reconstrucción administrativa realizada por el hospital, la toma implicó la ocupación de un área clave de la conducción médica, la interrupción de tareas administrativas esenciales, la permanencia forzada del personal que se encontraba en el lugar, así como episodios de agresiones verbales y la negativa a acatar las indicaciones del personal de seguridad para desalojar las oficinas.
A raíz de los hechos, las autoridades del Garrahan iniciaron un total de 44 sumarios administrativos con el objetivo de determinar responsabilidades individuales. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó la recolección de testimonios, el análisis de registros internos y la revisión de material audiovisual, entre otros elementos probatorios.
Tras la evaluación de cada caso, el Consejo de Administración del hospital resolvió aplicar sanciones diferenciadas, de acuerdo con la gravedad de las conductas comprobadas. En la mayoría de las actuaciones se dispusieron sanciones menores. No obstante, en once casos se determinó la cesantía, al considerar acreditado que esas personas no solo participaron del hecho, sino que tuvieron un rol activo en la organización y conducción de la toma.
Los trabajadores alcanzados por la medida son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo. Entre ellos figuran dirigentes de los gremios ATE y APyT, organizaciones con representación dentro del hospital.
Según se informó oficialmente, diez de los once trabajadores cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección prevista en la legislación laboral que impide la ejecución inmediata de despidos o sanciones de este tipo sin una autorización judicial previa. En estos casos, la desvinculación efectiva quedará supeditada a lo que resuelva la Justicia respecto del eventual levantamiento de dicha tutela.
En tanto, la única trabajadora que no posee tutela sindical podrá ser desvinculada de manera inmediata una vez finalizado el proceso administrativo, indicaron fuentes del hospital.
Desde el Gobierno señalaron que la decisión se enmarca en la necesidad de preservar el funcionamiento institucional, garantizar el normal desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas, y establecer límites claros frente a acciones que afecten áreas estratégicas de la conducción hospitalaria.
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