El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de corrupción durante su gestión. La resolución fue dictada sin prisión preventiva, pero incluye un embargo superior a los 200 millones de pesos sobre los bienes del exfuncionario.
El procesamiento alcanza también al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija y a otras 14 personas, todos acusados de integrar un esquema de maniobras irregulares vinculadas a contrataciones y compras dentro del organismo nacional.
Spagnuolo fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y asociación ilícita, según detalla la resolución judicial.
La causa tuvo su origen en una serie de audios que se viralizaron en agosto del año pasado, en los que una voz atribuida a Spagnuolo denuncia la existencia de un sistema de retenciones del 8% en la compra de medicamentos, presuntamente articulado por Eduardo “Lule” Menem —mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— junto con la droguería Suizo Argentina.
En esas grabaciones, el entonces titular de la ANDIS afirma: “A mí me están defalcando la agencia”, y asegura contar con “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo. Además, describe el presunto esquema como “un kiosco de entre 20.000 y 30.000 dólares por mes” y sostiene que “a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”.
En los audios también se escucha a Spagnuolo afirmar que no tenía control directo sobre la operatoria cuestionada y que, ante esa situación, decidió concentrarse en que su gestión estuviera “ordenada”, deslindando responsabilidades: “El quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.
La investigación continúa en curso y el juez Casanello deberá definir en las próximas etapas la situación procesal del resto de los imputados, mientras se profundiza el análisis de contrataciones, comunicaciones y movimientos financieros vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad.
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