El procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, firmado por el juez federal Sebastián Casanello, tuvo como respaldo central una auditoría interna del propio Estado nacional que hasta ahora no había sido incorporada formalmente a la causa judicial. Ese informe fue clave para sustentar la acusación por la presunta conformación de una asociación ilícita destinada al cobro de coimas y a la manipulación de procesos de compra dentro del organismo.
Si bien Spagnuolo no irá a prisión preventiva por el momento, el megaprocesamiento expone un entramado de irregularidades administrativas, contractuales y operativas que, según la Justicia, facilitaron maniobras de corrupción sistemática en perjuicio del Estado y de uno de los sectores más vulnerables de la población.
Una auditoría clave para la causa
La auditoría fue ordenada por el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, luego de que estallara el escándalo público a raíz de la difusión de audios que comprometían al entonces titular del organismo. La revisión abarcó el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, y se enfocó en el funcionamiento institucional, los circuitos prestacionales, los mecanismos de control y los sistemas de información utilizados por la agencia.
El informe, finalmente incorporado al expediente judicial, describió un escenario de desorganización estructural y ausencia de controles básicos. Entre las principales observaciones se señalaron la inexistencia de un sistema integral para el programa Incluir Salud, múltiples irregularidades en los procesos de compra de medicamentos e insumos, graves falencias en la gestión documental y demoras injustificadas en la regularización contractual con prestadores.
También se detectó la falta total de manuales de procedimiento, debilidades en el control de expedientes y serios problemas en los registros y en la trazabilidad de la información administrativa.
Beneficios indebidos y decisiones conscientes
Según el documento oficial, estas falencias no fueron meros errores administrativos, sino que habrían sido aprovechadas deliberadamente para beneficiar económicamente a determinados actores privados en detrimento de las arcas públicas y de la calidad del servicio destinado a personas con discapacidad.
La auditoría remarcó que las decisiones cuestionadas “fueron tomadas por personas experimentadas y de manera absolutamente consciente”, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria organizada y sostenida en el tiempo. Además de Spagnuolo, el informe compromete la situación de otros exfuncionarios, entre ellos Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Procesos arbitrarios y proveedores seleccionados a dedo
La reconstrucción de los hechos permitió comprobar que la conformación de la base de prestadores se realizaba de forma arbitraria, sin criterios transparentes ni registros formales. Se ocultaban los mecanismos de invitación a cotizar precios, la elección de ofertas y el avance de los procesos de compra.
También se omitía dejar constancia de los antecedentes de los proveedores, lo que impedía cualquier tipo de comparación objetiva. Según el informe, se ocultaban datos clave sobre la capacidad operativa de las empresas para cumplir con entregas urgentes y se evitaba todo control que permitiera verificar si los insumos y medicamentos se adquirían a valores razonables.
Incluso se detectaron maniobras para simular competencia entre oferentes, cuando en realidad se trataba de los mismos beneficiarios finales presentándose bajo distintas razones sociales.
Contratos inexistentes y controles ausentes
Otra de las irregularidades señaladas fue la falta de contratos formales que delimitaran derechos y obligaciones entre la ANDIS y los prestadores. Tampoco existían mecanismos efectivos de control, supervisión o rendición de cuentas, lo que generó un esquema de total discrecionalidad en el manejo de fondos públicos.
Estas falencias estructurales derivaron, según la auditoría, en una fragmentación de áreas internas, superposición de competencias y circuitos administrativos desconectados, afectando gravemente la eficiencia operativa y la capacidad de planificación y control del organismo.
Sistemas inconexos y datos inconsistentes
Los programas centrales bajo la órbita de la ANDIS, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el programa Incluir Salud, funcionaban en plataformas tecnológicas inconexas entre sí. Esta falta de integración generaba inconsistencias de datos, errores administrativos y una marcada falta de previsibilidad para los beneficiarios.
Un registro de proveedores paralelo y opaco
Uno de los puntos más sensibles del informe fue la existencia de un registro paralelo de proveedores manejado por la ANDIS al margen de los sistemas oficiales del Estado. Este registro, descripto por la fiscalía como “informal y opaco”, permitía decidir arbitrariamente quién podía contratar con el organismo, sin verificar capacidad operativa, posibles conflictos de interés o incluso si las empresas estaban inscriptas en el sistema oficial de proveedores del Estado (SICOPRO).
Se comprobó que varias firmas invitadas a cotizar no estaban registradas en dicho sistema o contaban con inscripciones incompletas o desactualizadas. Entre ellas se mencionaron empresas vinculadas a Miguel Calvete y otras que figuraban solo con preinscripción.
Un intercambio de correos electrónicos entre distintos actores reveló pedidos de altas de proveedores sin justificación alguna, replicando la misma lógica en numerosas empresas del sector. Esta operatoria se extendió a un amplio abanico de firmas, consolidando un esquema cerrado y discrecional.
Simulación de transparencia y comunicaciones informales
La auditoría también advirtió que los procesos de adquisición de prestaciones simulaban neutralidad y racionalidad a través de sistemas informáticos, cuando en realidad la manipulación se producía en la carga de datos. Esa apariencia formal contrastaba con un manejo interno informal, sustentado en comunicaciones a través de WhatsApp y Telegram.
Solo después de que el escándalo tomara estado público, las directivas comenzaron a canalizarse mediante correos electrónicos institucionales, lo que fue interpretado como un intento tardío de regularización.
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