Tras meses de negociaciones bilaterales, viajes oficiales y trabajo técnico, el Gobierno nacional avanza hacia una nueva etapa en el incipiente acuerdo comercial con los Estados Unidos. Aunque el texto definitivo aún no está cerrado, la administración de Javier Milei ya reconoce que será necesario adaptar parte de la legislación argentina para cumplir con los compromisos asumidos ante Washington.
La firma del tratado podría concretarse entre diciembre y el primer trimestre de 2026, ya que equipos técnicos de ambos países continúan ajustando los detalles del documento final.
La agenda legislativa aún no contempla las reformas del acuerdo
En la reciente visita a Washington, el canciller Pablo Quirno viajó con funcionarios del Ministerio de Economía y de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. Esos equipos ya analizan qué normas deberán ser modificadas o derogadas para que el acuerdo pueda entrar en vigor.
Sin embargo, en el Congreso todavía no hay una hoja de ruta definida. El Gobierno prevé convocar a sesiones extraordinarias en diciembre, aunque el temario inmediato se centrará en:
- reforma laboral
- reforma tributaria
- el nuevo Código Penal
- la modificación de la ley de glaciares
Por ahora, desde el bloque de La Libertad Avanza no recibieron instrucciones para incorporar proyectos vinculados al acuerdo comercial dentro del debate parlamentario de verano. Las reformas específicas podrían ser tratadas recién en 2026.
Qué cambios analiza el Gobierno
En el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, confían en que una parte de las obligaciones podrá cumplirse mediante decretos, eliminando trámites o requisitos considerados burocráticos. Pero otras medidas sí requerirían aprobación legislativa.
Entre los compromisos asumidos se destacan:
- Eliminar gradualmente el impuesto estadístico para importaciones provenientes de Estados Unidos.
- Suprimir exigencias consulares para productos importados desde ese país.
- Reconocer estándares internacionales: medicamentos aprobados por la FDA y vehículos fabricados bajo normas federales estadounidenses ingresarían sin controles duplicados de autoridades argentinas.
- Simplificar registros sanitarios y habilitaciones, especialmente para carne bovina, aviar, porcinos, menudencias y lácteos.
- Permitir el ingreso de carne aviar estadounidense en el plazo de un año, sin restricciones adicionales.
- No limitar productos que utilicen denominaciones vinculadas a quesos y carnes, un reclamo histórico de EE.UU.
Estas medidas apuntan a facilitar el comercio bilateral mediante la adopción de estándares regulatorios compatibles.
Propiedad intelectual y lucha contra falsificaciones
Un punto central del acuerdo está vinculado al informe “Special 301” 2025, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, que enumera las principales dificultades de Argentina en materia de propiedad intelectual.
Ese documento advierte sobre:
- persistencia de mercados con venta masiva de productos falsificados,
- incrementos en la comercialización de mercadería ilegal en ferias, manteros y zonas como La Salada y el Barrio Once,
- escasa efectividad de la Justicia para sancionar infracciones,
- procesos judiciales que se estancan por formalismos,
- y penas que no generan un efecto disuasivo real.
El Gobierno argentino se comprometió a reforzar los controles contra productos apócrifos, combatir la piratería digital y modernizar el régimen de propiedad intelectual siguiendo estándares globales.
Derechos laborales y comercio en el Congreso
Aunque parte de la implementación podría realizarse mediante decretos, varios aspectos del acuerdo requieren tratamiento legislativo. Entre ellos, el compromiso de prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso u obligatorio, algo que deberá tener aval del Congreso.
La Constitución, en su artículo 75, establece que solo ambas Cámaras pueden:
- legislar en materia aduanera, y
- regular el comercio con otras naciones.
Por eso, una parte de la adecuación normativa será imprescindible para cumplir con el tratado.
Intercambio digital y reconocimiento de estándares estadounidenses
Otro eje del acuerdo, orientado al comercio digital, incluye:
- reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para las transferencias transfronterizas de datos, incluidos los personales;
- aceptar como válidas las firmas electrónicas reguladas por las normas estadounidenses;
- y establecer mecanismos que simplifiquen el flujo de información entre empresas y organismos de ambos países.
Una transformación regulatoria que marcará 2026
A medida que avance la redacción final del texto, el Gobierno deberá definir qué cambios realizará por decreto y qué modificaciones remitirá al Poder Legislativo. Lo cierto es que la firma del acuerdo con Estados Unidos abrirá una agenda de reformas regulatorias y comerciales que promete marcar gran parte del debate político y económico del próximo año.
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