La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en una etapa clave. Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: la ruta del dinero y el circuito financiero que habría posibilitado el pago de coimas, el cobro de sobreprecios y el presunto lavado de fondos provenientes de contrataciones direccionadas.
El fiscal Franco Picardi apunta a un entramado de intermediarios, financieras y empresas vinculadas, donde destaca la figura del lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los principales articuladores para que un reducido grupo de droguerías obtuviera contratos millonarios dentro del organismo.
Según el dictamen fiscal, Calvete entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, considerado un actor central en la presunta maniobra de blanqueo. La fiscalía detectó que ambos movían regularmente grandes cantidades de dinero, tanto en pesos como en dólares, y que parte de esos fondos eran invertidos en criptomonedas a través de la plataforma denominada “NEBLOCKSHAIN”.
En esta operatoria también habría intervenido Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, quien recibía cheques provenientes de empresas vinculadas a las contrataciones y los derivaba a Pocoví para continuar con el circuito financiero.
Ese rastro llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que según una de las hipótesis podría estar asociada a Finanzas Sur, firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. Esta semana la Justicia allanó oficinas en busca de documentación que permitiera aclarar el vínculo. Por el momento, remarcan fuentes judiciales, se trata de pistas en análisis, sin conclusiones definitivas.
De acuerdo con el expediente, Pocoví habría canalizado parte del dinero proveniente de presuntas coimas y sobreprecios hacia Finanzas Sur. En paralelo, el nombre de Sergio Mastropietro aparece también como un posible engranaje dentro del esquema de lavado. Los registros indican que Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country del entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, una de las figuras más comprometidas en la causa.
El vínculo quedó aún más expuesto con un mensaje del 27 de agosto, cuando Mastropietro envió a Spagnuolo una imagen con datos de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., empresa ligada a él. Poco tiempo después, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron cerca de $100 millones a esa firma. Más tarde, Mastropietro remitió a Calvete tres facturas —una por cada empresa— que mencionaban la compra de “kilómetros nacionales para aeronaves”, concepto que ahora es analizado como presunta fachada contable.
Mientras el entramado financiero continúa reconstruyéndose, la causa avanza en el plano judicial. Esta semana declararon —aunque sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos de la agencia. El 28 de noviembre deberá presentarse Lorena Di Giorno, y en diciembre se desarrollará una extensa ronda de indagatorias que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
La causa se estructura en dos grandes ejes:
- El presunto direccionamiento de contrataciones por alrededor de $40.000 millones en favor de las firmas Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta.
- Un supuesto sistema de coimas que habría operado dentro y fuera de la estructura formal de la ANDIS.
La investigación también detectó accesos irregulares al sistema de contrataciones, presuntamente por parte de personas ajenas al organismo. En este punto cobra relevancia el caso de Luciana Ferrari, ex empleada del laboratorio Roche, quien durante la gestión de Pablo Atchabahian (2018-2019) habría actuado como una operadora externa sin designación formal, cumpliendo órdenes de Atchabahian y de Garbellini.
El dictamen indica que Ferrari gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, accedía a información anticipada sobre compulsas del programa PACBI y compartía datos sensibles sobre droguerías y acuerdos entre proveedores.
En el mismo capítulo aparecen mencionados los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según los mensajes y comunicaciones incorporados al expediente, habrían influido en la selección de proveedores, en la aplicación de sanciones y en la liberación de pagos. La fiscalía también incorporó registros y videos donde se observa a Spagnuolo ingresando con una mochila a la vivienda de Calvete, hecho que, según el Ministerio Público, formaría parte de una entrega de alrededor de $5 millones en efectivo.
El caso tomó estado público tras la viralización de audios en agosto, en los que una voz atribuida a Spagnuolo mencionaba un presunto sistema de “retenciones del 8%” en compras públicas, además de hacer referencias a Eduardo “Lule” Menem, a la droguería Suizo Argentina y a supuestos mensajes de respaldo provenientes de “Karina”.
La causa continúa abierta y en plena expansión, con nuevas líneas de investigación que podrían sumar más implicados y profundizar la red de vínculos entre funcionarios, intermediarios y empresas proveedoras.
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