El proyecto de Inocencia Fiscal, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y será tratado en el Senado, abrió un fuerte debate entre tributaristas, contadores y representantes de pequeñas y medianas empresas debido al drástico incremento de las multas automáticas por incumplimientos formales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De aprobarse el texto tal como está redactado, las sanciones por la falta de presentación en tiempo y forma de declaraciones juradas aumentarán más de un 110.000%, lo que impactaría de lleno en pymes y contribuyentes de menor escala, incluso por demoras mínimas.
De montos simbólicos a sanciones millonarias
El proyecto propone actualizar las multas previstas en el artículo 38 del Régimen de Procedimiento Tributario, cuyos valores actuales se encuentran totalmente desactualizados. Sin embargo, el salto en los importes generó fuertes cuestionamientos:
- Para personas humanas, la multa pasaría de $200 a $220.000
- Para personas jurídicas, de $400 a $440.000
Estas sanciones se aplican automáticamente ante la falta de presentación en término de las declaraciones juradas, aun cuando el atraso sea de un solo día y no exista evasión fiscal ni perjuicio económico significativo.
Especialistas advierten que, si bien la actualización de montos era necesaria, el esquema propuesto no distingue entre tamaños de contribuyentes, ni contempla la gravedad del incumplimiento.
Impacto directo en las pequeñas y medianas empresas
Tributaristas señalaron que el nuevo esquema puede resultar especialmente gravoso para las pymes, que suelen tener estructuras administrativas más reducidas y mayor vulnerabilidad ante contingencias operativas.
“Una pequeña o mediana empresa puede atrasarse un día por problemas administrativos, ausencias de personal o errores involuntarios. En ese contexto, una multa de este nivel resulta desproporcionada”, advirtieron desde el sector.
El planteo central no es la actualización de las sanciones, sino la falta de proporcionalidad. Las multas se aplicarían por igual a un monotributista, una pyme o una gran empresa, sin considerar capacidad económica, reincidencia ni magnitud del incumplimiento.
Reclamos técnicos y advertencias profesionales
Desde estudios contables y cámaras profesionales remarcaron que el sistema sancionatorio debería contemplar criterios de graduación, diferenciando entre:
- Personas humanas
- Pequeñas y medianas empresas
- Grandes contribuyentes
El riesgo señalado es que el régimen termine siendo regresivo, castigando errores formales con la misma severidad que conductas de evasión relevante. Además, alertaron que podría desalentar la formalidad y aumentar la conflictividad administrativa.
Un proyecto con objetivos contrapuestos
La polémica se da en el marco de un proyecto que, paradójicamente, busca incentivar la exteriorización de ahorros no declarados, brindando seguridad jurídica a los contribuyentes para que incorporen dólares al sistema formal.
Mientras el espíritu general de la ley apunta a reducir la persecución penal por evasión, el capítulo de multas administrativas genera el efecto contrario: mayor presión sobre los contribuyentes más pequeños, en un contexto económico aún marcado por restricciones crediticias y bajo nivel de actividad.
Compromiso oficial de revisar las multas
Durante el debate legislativo, el oficialismo reconoció los cuestionamientos y anticipó que está dispuesto a introducir cambios, aunque no antes de la aprobación del proyecto. La estrategia sería avanzar primero con la sanción de la ley y luego corregir el régimen de multas mediante una norma complementaria o “ley corta”.
En ese sentido, desde el oficialismo se comprometieron a analizar un esquema que contemple multas diferenciadas según el tipo de contribuyente, una demanda sostenida por bloques opositores y aliados.
Debate en el Senado y definición política
En la Cámara alta, varios senadores expresaron su apoyo general al cambio de paradigma que propone la Inocencia Fiscal, al considerar que abandona la presunción de culpabilidad sobre los contribuyentes. No obstante, también manifestaron reparos sobre el sistema de sanciones automáticas.
Los cuestionamientos apuntaron a la falta de criterios claros para la actualización de las multas y a la ausencia de distinción entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes, dejando abierta la discusión para una eventual reglamentación o modificación posterior.
Una definición clave antes de fin de año
El tratamiento del proyecto se inscribe en una agenda legislativa intensa, en la que el Gobierno busca cerrar el año con la aprobación de leyes clave para la política económica, entre ellas el Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal.
La definición sobre las multas será determinante para el respaldo final de sectores productivos y profesionales, que reclaman un sistema tributario más previsible, razonable y proporcional, especialmente para quienes sostienen el entramado productivo local.
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