La Secretaría de Energía oficializó una suba del 0,53 % en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. El incremento se trasladará a las facturas y se enmarca en el nuevo esquema de subsidios que impulsa el Gobierno nacional.
La Secretaría de Energía oficializó un nuevo aumento en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente clave en la conformación de las tarifas finales que pagan hogares, comercios e industrias. La medida fue dispuesta mediante la resolución 605/2025, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a regir para los consumos realizados a partir de enero de 2026.
El ajuste representa un incremento del 0,53 % respecto del valor vigente y se aplica sobre el precio que las distribuidoras abonan por el gas mayorista, antes de la incorporación de los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran la factura final. Al tratarse de un componente que se traslada de manera directa a los usuarios, el aumento tendrá impacto en los montos que se verán reflejados en las próximas boletas.
A través de la resolución, el Gobierno instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a adecuar los cuadros tarifarios y garantizar que todas las empresas distribuidoras del país apliquen el nuevo valor de forma uniforme. El texto lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y se enmarca en el sendero de actualización gradual de precios y tarifas del sector energético.
“El Ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, señala la resolución.
La actualización del precio del gas mayorista se suma al proceso de reordenamiento del sistema de subsidios que el Gobierno prevé profundizar a partir del próximo año. En ese marco, se avanzará hacia la eliminación del esquema de segmentación por niveles (N1, N2 y N3), así como de programas diferenciados como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para dar lugar a un régimen simplificado.
El nuevo modelo contemplará únicamente dos categorías de usuarios: aquellos que recibirán asistencia estatal y aquellos que deberán afrontar el costo pleno del servicio. Según el Ejecutivo, el objetivo es transparentar el precio real de la energía, reducir la carga de los subsidios generalizados sobre las cuentas públicas y focalizar la ayuda en los sectores más vulnerables.
Hasta tanto se implemente plenamente el nuevo esquema, el impacto del aumento dependerá de la categoría en la que se encuentre cada usuario dentro del actual sistema de subsidios. Los usuarios de mayores ingresos deberán pagar el costo total del gas, sin bonificaciones, mientras que los hogares de ingresos bajos y medios continúan accediendo a descuentos sobre un consumo base, con topes establecidos. El consumo que supere esos límites se factura a un valor más elevado.
Desde la Secretaría de Energía indicaron que esta focalización busca sostener la asistencia estatal para quienes más lo necesitan, mientras se avanza hacia un esquema más equilibrado desde el punto de vista fiscal.
El ENARGAS y las empresas distribuidoras cuentan con un plazo de cinco días desde la publicación de la resolución para adecuar los contratos y aplicar el nuevo precio en las tarifas. Asimismo, el ente regulador deberá supervisar que las bonificaciones vigentes para usuarios de bajos y medianos ingresos se apliquen correctamente, conforme a lo dispuesto en la resolución 24/2025.
Estas bonificaciones seguirán vigentes durante el período de transición hacia subsidios energéticos focalizados, el cual fue prorrogado por el Gobierno nacional hasta julio de 2026. En ese sentido, se recordó que la Emergencia del Sector Energético Nacional, declarada en diciembre de 2023, fue extendida mediante el Decreto N° 370/2025, que también prorrogó el régimen transitorio establecido por normativas anteriores.
Desde el Gobierno sostienen que la actualización del precio del gas mayorista es necesaria para corregir distorsiones acumuladas, garantizar el abastecimiento y avanzar hacia un sistema energético más sostenible, en un contexto donde se busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del Estado.
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