La política de recorte del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei tuvo un fuerte impacto sobre el empleo estatal. En apenas dos años de gestión, la dotación de personal permanente y transitorio del Estado nacional se redujo en casi 60.000 trabajadores, lo que representa una caída del 17,5% del total y un promedio de 82 empleados menos por día.
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, a noviembre del año pasado el empleo estatal totalizó 281.785 cargos. La cifra refleja una disminución de 59.688 puestos desde diciembre de 2023, cuando el actual presidente asumió la conducción del país. Según el Gobierno, esta reducción permitió un ahorro estimado de $3,4 billones anuales.
Dónde se concentró el recorte de personal
Un informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), detalla que el ajuste no fue homogéneo y afectó con distinta intensidad a los diversos sectores del Estado.
En términos porcentuales, la administración centralizada que incluye los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público fue la más golpeada, con una reducción del 28,8% de su plantel, equivalente a 15.780 empleados menos en dos años.
Sin embargo, si se observa el recorte en valores absolutos, el mayor impacto se produjo en las empresas y sociedades del Estado, que perdieron 20.602 puestos desde diciembre de 2023, lo que representa una baja del 18,7% de su dotación.
Empresas públicas con fuertes caídas de empleo
Dentro del universo de empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el listado de recortes. En dos años redujo su plantel en 5.191 trabajadores, lo que equivale al 30,8% de su personal total.
Le siguen la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, con 3.504 puestos menos (-14,7%); el Banco Nación, que registró una baja de 2.010 empleados; y Aerolíneas Argentinas, donde la dotación se redujo en 1.913 cargos.
Estos recortes forman parte de una estrategia oficial orientada a achicar el tamaño del Estado y reducir el déficit fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno.
Organismos descentralizados también afectados
La poda de personal también alcanzó con fuerza a la administración descentralizada, integrada por organismos con autonomía técnica y administrativa.
Entre los casos más relevantes se encuentran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que perdió 3.152 agentes (-14,3%); el Conicet, con una reducción de 2.074 cargos (-7,5%); y la Anses, que registró 1.573 empleados menos (-11,4%).
Organismos disueltos y estructuras eliminadas
El informe advierte que el ajuste derivó en la desaparición total de algunos organismos. Uno de los casos más emblemáticos es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), cuya disolución fue anunciada en octubre de 2024. Este organismo estaba a cargo de planificar y ejecutar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país, además de controlar la calidad del agua potable. Sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía y sus 354 empleados dejaron de formar parte del Estado.
Una situación similar atravesó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), disuelto en agosto del año pasado. Sus tareas pasaron al Ministerio de Justicia y su plantilla, también de 354 trabajadores, fue completamente eliminada.
Otras áreas con recortes profundos
Otros organismos estratégicos también sufrieron importantes reducciones. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo cierre fue anunciado recientemente, ya perdió el 35,6% de su dotación. La Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam) registró un recorte del 79% de su personal.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) vio reducida su planta en un 51,3%, mientras que la Casa de la Moneda sufrió una disminución del 44% de sus trabajadores.
Menos empleados y salarios en retroceso
La política de reducción de cargos, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, se complementó con un fuerte ajuste salarial. Las paritarias del sector público se ubicaron sistemáticamente por debajo de la inflación.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 el gasto salarial del Poder Ejecutivo cayó un 10,4% en términos reales. En el Poder Judicial la baja fue del 5,2% y en el Poder Legislativo del 12,1%.
Se mantiene la suspensión de contrataciones
El Gobierno anticipó que la política de ajuste continuará durante este año. A través del decreto 934/2025, se prorrogó la suspensión de nuevas contrataciones en el Sector Público Nacional, una medida que ya había sido aplicada en 2024.
La norma establece que no podrán realizarse designaciones ni contrataciones bajo ninguna modalidad, aunque contempla excepciones para sectores específicos, como las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.
En los casos en que se autoricen incorporaciones, el decreto impone una condición: por cada nuevo ingreso deberán computarse dos bajas previas. Si bien representa una leve flexibilización respecto de la normativa anterior que exigía tres bajas por cada alta, el esquema sigue reflejando una política de fuerte restricción del empleo público.
Un ajuste que seguirá marcando la agenda
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de casi 60.000 puestos permitió ahorrar más de $3,4 billones anuales sin afectar la prestación de servicios esenciales. No obstante, el impacto del ajuste continúa generando debate, especialmente por sus consecuencias en áreas sensibles del Estado y en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.
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