La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro general nacional para el martes 11 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será debatido en el Senado de la Nación. La medida fue resuelta por sindicatos estatales de todo el país reunidos en el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas.
El anuncio fue realizado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien consideró que la huelga es “necesaria y obligatoria para el movimiento obrero”, aunque advirtió que no debe tratarse de una acción aislada. “Ir al paro el día que se trate la reforma laboral es imprescindible, pero tenemos que pensar en un plan de lucha más amplio”, afirmó.
Reclamo de un plan de lucha previo
En ese marco, Aguiar llamó a anticipar las medidas de protesta y a salir a la calle antes de que el proyecto llegue al recinto. “No podemos esperar a que se vote la ley. Tenemos que movilizarnos antes de que comience el tratamiento en el Senado”, sostuvo.
El dirigente sindical también apuntó contra los gobernadores que respaldan la iniciativa del Gobierno nacional, y propuso organizar acciones en las provincias cuyos mandatarios acompañen la reforma. “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores que están siendo funcionales al presidente Milei y que pretenden vender los derechos de los trabajadores”, expresó.
Críticas al rol de los gobernadores
Aguiar vinculó su postura con las recorridas que viene realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, para conseguir apoyos legislativos. “Queda claro que sin los gobernadores el Gobierno no puede avanzar. Por eso ellos son responsables directos de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos laborales”, lanzó.
Rechazo al contenido de la reforma
Desde ATE sostienen que la reforma laboral busca debilitar la protección de los trabajadores y ampliar el poder de los empleadores. “Pretenden quitar derechos básicos y dejar a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto no puede terminar en nada bueno”, advirtió Aguiar.
En ese sentido, convocó especialmente a los empleados públicos a movilizarse. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno que encabeza Milei hay que ponerle límites y decir basta”, afirmó.
Alcance en el sector público
El gremio remarcó que, a diferencia de lo que sostiene el Ejecutivo nacional, la reforma sí afecta al sector público, ya que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.
Entre los organismos mencionados se encuentran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.
Cuestionamientos al régimen de monotributo
Otro de los puntos más cuestionados es el cambio propuesto en la no presunción de vínculo laboral para trabajadores encuadrados como monotributistas. Desde ATE denunciaron que la reforma apunta a perpetuar el fraude laboral tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios, profundizando la precarización.
Amplio respaldo sindical
De la reunión participaron gremios de los sectores judicial, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, PAMI, actividad portuaria, docencia e investigación universitaria, además de jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laborales y académicos.
Con este escenario, ATE ratificó el paro nacional del 11 de febrero y anticipó que continuará impulsando acciones y movilizaciones en todo el país contra la reforma laboral.
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