El Gobierno nacional, a través de una decisión impulsada por el presidente Javier Milei, resolvió que ya no sea obligatoria la inclusión de contenidos sobre educación vial ni la realización de la jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos de todo el país.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, y establece la derogación de artículos clave de dos leyes nacionales que regían desde hace varios años dentro del sistema educativo argentino.
Qué normas fueron modificadas
El decreto derogó disposiciones de las siguientes leyes:
- Ley N° 27.234, que creaba la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”.
- Ley N° 27.214, de Promoción de la Educación Vial, específicamente sus artículos 5° y 6°, que establecían la obligatoriedad de dictar contenidos y capacitaciones vinculadas a la seguridad vial en las escuelas.
Con la eliminación de estos artículos, las escuelas dejan de estar obligadas a dictar estos contenidos durante el ciclo lectivo, quedando la decisión en manos de cada jurisdicción provincial.
Qué implicaba la jornada “Educar en Igualdad”
La jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” se desarrollaba en todos los niveles educativos y tenía como objetivo principal que alumnos y docentes reflexionaran y fortalecieran actitudes, valores y prácticas orientadas a la prevención de la violencia de género.
A través de actividades pedagógicas, se buscaba promover el respeto, la igualdad de derechos y la erradicación de conductas violentas, en el marco de políticas educativas con enfoque de derechos humanos.
Con la derogación de la obligatoriedad, las provincias podrán decidir si mantienen, modifican o eliminan este tipo de jornadas dentro de sus calendarios escolares.
Cambios en educación vial
En relación a la educación vial, los artículos derogados de la Ley 27.214 establecían que las escuelas debían incluir de manera obligatoria contenidos específicos sobre seguridad y convivencia vial, adaptados a cada nivel educativo.
Uno de los artículos eliminados habilitaba además la creación del Observatorio de la Educación Vial, que debía funcionar en el ámbito del Ministerio de Educación y estar integrado por un equipo interdisciplinario y multisectorial, con participación de especialistas, universidades nacionales y organizaciones con trayectoria en la temática.
Con la derogación, tanto la enseñanza sistemática de estos contenidos como la continuidad de ese espacio institucional quedan sujetas a las decisiones que adopten las autoridades educativas de cada provincia.
Mayor autonomía provincial
Desde el Gobierno nacional señalaron que la medida se inscribe en una política de descentralización educativa, que apunta a reducir obligaciones impuestas desde el Estado nacional y otorgar mayor autonomía a las provincias para definir los contenidos de sus programas escolares.
En este nuevo esquema, cada jurisdicción podrá determinar si continúa incorporando educación vial y prevención de la violencia de género dentro de sus diseños curriculares, o si los reemplaza por otras propuestas educativas.
Debate y repercusiones
La decisión generó repercusiones y debates en distintos sectores educativos, sociales y políticos. Mientras algunos destacan la necesidad de respetar las autonomías provinciales, otros advierten sobre la importancia de sostener políticas educativas transversales vinculadas a la prevención de la violencia y la seguridad vial, especialmente en edades tempranas.
Por el momento, no se eliminan los contenidos de manera automática, pero dejan de ser obligatorios a nivel nacional, marcando un cambio significativo en el enfoque de las políticas educativas impulsadas desde el Estado central.
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