A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el bloque de diputados de Unión por la Patria atraviesa un proceso de debate interno para definir una estrategia común frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Las diferencias sobre el abordaje legislativo y el contenido de las propuestas generaron tensiones dentro del espacio y encendieron alertas en sectores sindicales, lo que derivó en la convocatoria a una reunión clave prevista para el próximo miércoles.
En el seno del bloque reconocen que existen miradas diversas sobre cómo responder al avance del oficialismo. “Hay estrategias muy diferentes”, admiten legisladores del espacio, que también señalan desacuerdos respecto de los cambios que debería sufrir el proyecto del Ejecutivo y de los lineamientos que debería tener una iniciativa propia del peronismo.
Las diferencias quedaron expuestas tras la presentación de un proyecto de modernización laboral impulsado por la exministra de Trabajo Kelly Olmos. La iniciativa fue acompañada inicialmente por un grupo de diputados con perfiles heterogéneos dentro de Unión por la Patria, entre ellos Victoria Tolosa Paz y el massista Guillermo Michel, y luego sumó el respaldo de referentes como Eduardo Valdés, Agustín Rossi y el sindicalista Hugo Yasky.
Desde sectores identificados con el kirchnerismo y con la conducción del Partido Justicialista plantearon la necesidad de encauzar el debate interno y respaldaron una propuesta alternativa elaborada en el ámbito de la Secretaría de Trabajo del PJ, que conduce la diputada y dirigente sindical Vanesa Siley. En ese espacio aseguran que el texto fue trabajado en conjunto con la CGT y las dos CTA, con el objetivo de construir una posición consensuada frente a la iniciativa del Gobierno.
Dentro del peronismo advierten que, tratándose de una discusión sensible y de alto impacto social, el bloque no puede exhibir divisiones públicas. Consideran que la proliferación de proyectos individuales genera ruido político innecesario y debilita la capacidad de respuesta frente al oficialismo. Además, recuerdan que durante el período de sesiones extraordinarias no es posible incorporar proyectos propios al temario, ya que solo se debaten las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, por lo que cualquier presentación alternativa carece de efectos prácticos en esta etapa.
En ese contexto, la estrategia que evalúa Unión por la Patria es unificar criterios para, una vez que el proyecto del Gobierno ingrese formalmente a la Cámara de Diputados, presentar un dictamen de minoría que sintetice todas sus propuestas. En el Senado, el interbloque opositor ya optó por no participar del debate en comisión como forma de protesta por el reparto de lugares, lo que permitió que avanzara únicamente un dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo y sus aliados.
Los ejes del debate interno
Si bien el proyecto de Olmos incluye puntos que coinciden con la agenda histórica del peronismo —como el fortalecimiento de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral y la ampliación de licencias—, en el espacio insisten en que el núcleo del conflicto no está en el contenido, sino en la necesidad de mostrar un frente político cohesionado ante una reforma que consideran central.
Hacia el cierre de 2025, el Partido Justicialista ya había dejado trascender los ejes de una propuesta de modernización laboral que busca llevar al Congreso como alternativa al plan del Gobierno. El objetivo es ampliar el debate público y plantear una agenda propia, más allá del rechazo a la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza.
Desde Unión por la Patria sostienen que la reforma promovida por el oficialismo no generará nuevos puestos de trabajo y que, por el contrario, apunta a flexibilizar las condiciones laborales y profundizar la precarización, bajo el argumento de mejorar la rentabilidad empresarial.
Uno de los lineamientos centrales es reforzar la negociación colectiva como herramienta para recomponer los salarios, con paritarias sin topes. En ese marco, cuestionan la intervención de la Secretaría de Trabajo en acuerdos entre gremios y empleadores que fueron frenados por superar las pautas inflacionarias oficiales. También proponen devolverle un rol más activo al Consejo del Salario, encargado de fijar el salario mínimo, vital y móvil, y establecer que las remuneraciones se abonen exclusivamente en dinero, en contraposición a la posibilidad de pagos en especie que evalúa el Ejecutivo.
Otro capítulo clave es el trabajo en plataformas digitales. La propuesta del peronismo contempla reconocer la existencia de una relación laboral mediante la reglamentación del principio de presunción de vínculo de dependencia. Además, impulsa la obligación de transparentar los algoritmos que determinan la asignación de tareas, las penalizaciones y los bloqueos de los trabajadores.
En ese esquema, se busca garantizar derechos como vacaciones pagas, cobertura ante accidentes laborales, provisión de elementos de seguridad y la posibilidad de conectarse y desconectarse libremente sin sanciones.
La agenda opositora incluye, además, retomar la discusión sobre la ampliación de las licencias por paternidad, un debate que no logró avanzar durante la gestión de Alberto Fernández. Desde el espacio señalan que la extensión no implicaría costos adicionales para las empresas, ya que el pago estaría a cargo de la ANSES, del mismo modo que ocurre con las licencias por maternidad.
Acerca del autor
